Andreina Baduel, second from right, joins others to protest against the taking of what they call political prisoners outside the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN), known as the Helicoide, in Caracas, Venezuela, Wednesday, Nov 3, 2021. Andreina's father, former Defense Minister Raúl Isaías Baduel, died while in prison. (AP Photo/Ariana Cubillos)
La polémica en torno a la situación de los presos políticos en Venezuela volvió a encenderse luego de que se difundieran denuncias sobre un supuesto traslado de detenidos desde la sede de El Helicoide, considerada por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales centros de reclusión de presos por motivos políticos en el país.
Las acusaciones surgieron tras declaraciones atribuidas a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien habría asegurado ante instancias internacionales que El Helicoide ya no funciona como centro de detención política. Sin embargo, exreclusos y activistas sostienen que decenas de personas permanecían privadas de libertad en esas instalaciones hasta fechas recientes.
Uno de los denunciantes afirmó que, tras pronunciamientos realizados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, las autoridades habrían iniciado el traslado de varios detenidos hacia destinos desconocidos. Según esta versión, los movimientos se realizaron de manera acelerada y sin información oficial sobre el paradero de los reclusos.
“Es imposible guardar silencio ante el peligro que corren quienes fueron mis compañeros dentro de ese infierno”, expresó el denunciante a través de redes sociales, manifestando preocupación por la integridad física y psicológica de los detenidos.
La denuncia también incluyó un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que mantenga la presión internacional sobre el gobierno venezolano y contribuya a la liberación de quienes considera presos políticos.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado durante años a El Helicoide como un centro de detención cuestionado por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluyendo denuncias de aislamiento prolongado, restricciones al contacto con familiares y falta de garantías procesales.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre los supuestos traslados denunciados ni sobre la situación actual de los detenidos que permanecían en dichas instalaciones.
¿Dónde están los presos?
La principal interrogante que surge tras estas denuncias es el destino de los reclusos presuntamente movilizados. Familiares y defensores de derechos humanos exigen transparencia y acceso inmediato a información sobre el paradero de los detenidos, advirtiendo que cualquier traslado realizado sin notificación podría aumentar los riesgos de desaparición forzada temporal y vulneración de garantías fundamentales.
Mientras crecen las dudas y las exigencias de respuestas, la demanda sigue siendo la misma: libertad para los presos políticos y respeto a los derechos humanos en Venezuela.
