La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su informe anual que 2025 representó un punto de inflexión en Venezuela, al considerar que en ese año se habría consolidado un “régimen dictatorial” bajo el mando de Nicolás Maduro.
Según el documento, el mandatario se mantuvo en el poder “sin legitimidad democrática”, en el marco de unas elecciones presidenciales de 2024 que estuvieron rodeadas de “denuncias generalizadas de fraude” y señalamientos por “graves violaciones de derechos humanos”.
La CIDH destacó que la toma de posesión de Maduro en enero de 2025 marcó “un punto de quiebre en la historia política de Venezuela”, especialmente luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara ganador de los comicios sin publicar las actas de votación, pese a que estaban contempladas en el cronograma oficial.
Esa falta de transparencia, según el informe, alimentó las críticas y las denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral, lo que derivó en cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad del resultado y el ejercicio del poder en el país.
Sin embargo, los venezolanos sabemos que esta situación está dentro de un proceso más amplio, al señalar que el modelo de poder señalado como “dictatorial” no es reciente, sino que viene consolidándose desde hace varios años en Venezuela. Se trata de una estructura política que ha ido profundizándose progresivamente, con un debilitamiento sostenido de las instituciones democráticas y de los contrapesos del Estado.
