Lo que las autoridades presentaron como un golpe al crimen organizado en el estado Guárico, esconde una trama mucho más oscura de extorsión, tortura y saqueo patrimonial. El caso de Oswaldo Cheremo Carrasquel y su finca «La Victoria» no es solo un expediente judicial; es el vivo retrato de cómo el sistema puede ser utilizado para despojar a un hombre de sus bienes bajo la narrativa del «narcocorrido».
El montaje: Un favor que costó una fortuna
La detención de Cheremo el 21 de octubre de 2022 no fue producto de una investigación de inteligencia, sino de una celada. Según testimonios obtenidos, la grabación de un clip musical en su propiedad fue sugerida y coordinada por un funcionario del Cicpc, quien aprovechó su relación de confianza con el propietario para introducir el equipo de producción.
Mientras Cheremo y un tiktoker fueron arrestados por «terrorismo», el cantante y el resto del equipo, quienes presuntamente portaban el armamenTO, fueron autorizados a salir del país sin ser interrogado. La DGCIM habría ordenado borrar el material original.
Mario Aquino Pisano, asistente del Circuito Penal de Caracas, junto al juez José Macsimino Márquez García y el presidente Cristóbal Cornieles Perret, figuran en una composición relacionada con el ámbito judicial.
De la extorsión a la ocupación
El relato de la familia es escalofriante. No se buscaba la verdad, se buscaba el dinero. Se habla de una exigencia inicial de 60,000 dólares que, al no ser satisfecha, escaló a un «peaje» de 800,000 dólares solicitado por altos mandos militares. Ante la negativa de Cheremo, la respuesta fue la violencia física —incluyendo la extracción forzosa de piezas dentales— para doblegar su voluntad.
Hoy, la finca «La Victoria» no está bajo resguardo judicial transparente; ha sido ocupada por la alta jerarquía de la Policía Nacional Bolivariana. Máquinas, ganado y vehículos desaparecieron del inventario privado para pasar a manos de quienes debían aplicar la ley.
Un terremoto en la cúpula judicial
La caída del juez José Macsimino Márquez y de altos directivos del Circuito Judicial de Caracas demuestra que el escándalo era demasiado grande para ocultarlo. Sin embargo, mientras los jueces caen, Cheremo permanece en el Rodeo III, víctima de la etiqueta mediática de pertenecer al «tren de aragua», acusación que sus defensores niegan rotundamente.
