El cierre del Club Rancho Verde, en Barinitas, estado Barinas, ha encendido las alarmas sobre el uso del poder político contra la actividad privada en Venezuela. La medida, ordenada por la Alcaldía del municipio Bolívar, se produjo luego de que el recinto sirviera como espacio para una actividad de bienvenida al dirigente opositor Freddy Superlano.
Según denuncias difundidas en redes sociales y replicadas por el medio RadioCensura, la clausura no estuvo acompañada de argumentos técnicos ni sanciones administrativas visibles, como incumplimientos legales o problemas de ruido. La decisión, aseguran, respondería exclusivamente a la realización de un evento con un actor político adverso al oficialismo.
El hecho ha sido interpretado como una señal preocupante para comerciantes y empresarios de la región, quienes ven en esta acción un precedente donde la estabilidad de sus negocios dependería no de la ley, sino de a quién decidan alquilar sus espacios o qué tipo de eventos autoricen.
En Barinas, además, existen antecedentes de denuncias sobre acciones consideradas de carácter político, como cierres de medios y restricciones a actividades opositoras, lo que ha alimentado el debate sobre las garantías para el ejercicio de derechos civiles y económicos .
Analistas advierten que este tipo de medidas podrían profundizar la desconfianza en el país, afectar la inversión privada y consolidar un clima de incertidumbre jurídica. “Cuando el poder sanciona el uso legítimo de un espacio privado, se rompe la noción de reglas claras”, señalan voces críticas.
El caso del Club Rancho Verde no solo impacta a un establecimiento específico, sino que abre una interrogante mayor: ¿puede un negocio operar con libertad cuando su actividad queda sujeta a criterios políticos?
Para muchos, la respuesta define no solo el futuro de la empresa privada, sino el rumbo mismo del país.
