Continúan las denuncias sobre despidos de trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en distintas regiones del país, en medio de señalamientos que apuntan a una presunta revisión política de la nómina bajo la gestión del ministro Héctor Rodríguez.
Por bitacora58.com
De acuerdo con las denuncias recibidas, la medida estaría afectando a trabajadores cuyos nombres, según supuestos informes atribuidos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), no aparecerían vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o a estructuras relacionadas con las llamadas comunas.
Los denunciantes sostienen que la orden habría sido transmitida a diferentes dependencias del Ministerio y que aquellos trabajadores que no cumplan con los criterios políticos establecidos quedarían fuera de la nómina, independientemente de su trayectoria laboral dentro del sistema educativo.
La situación genera preocupación entre empleados públicos y representantes del sector educativo, quienes advierten que una eventual utilización de criterios de afiliación o vinculación política para decidir la permanencia de un trabajador podría profundizar la politización de la administración pública.
Las denuncias también apuntan a que la revisión no estaría limitada a una región específica, sino que tendría alcance nacional. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido públicamente una resolución oficial del MPPE que confirme la existencia de una política nacional de despidos basada en la afiliación al PSUV o en la participación en organizaciones comunitarias.
La presunta utilización de informes de inteligencia para determinar quién permanece o sale de la nómina añade otro elemento de preocupación, especialmente para trabajadores que dependen de sus salarios para sostener a sus familias en medio de la crisis económica que atraviesa Venezuela.
Mientras aumentan los señalamientos, trabajadores del sector educativo esperan explicaciones oficiales y garantías de que la permanencia en sus cargos responda a criterios laborales y profesionales, y no a su posición política o a su relación con determinadas organizaciones.
Por ahora, las denuncias permanecen como señalamientos que requieren documentación y confirmación independiente. El Ministerio del Poder Popular para la Educación no ha ofrecido, según la información disponible, una explicación pública que permita determinar el alcance real de estas medidas.
