En redes sociales se ha difundido un video donde vemos a una joven madre venezolana en el estado Aragua que llora al contar su historia donde relata como la policía nacional bolivariana saqueó sus enseres que con mucho esfuerzo y trabajo compraron ella y su esposo.
En el sector Fundo Coropo, estado Aragua, el grito desesperado de una madre evangélica sacude nuevamente la conciencia de un país acostumbrado a escuchar denuncias que muchas veces quedan flotando en el aire.
Entre lágrimas y con la voz quebrada, la mujer relató cómo presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana habrían irrumpido en su vivienda para desalojar a su familia sin orden judicial, en un procedimiento que, según su testimonio, terminó no solo con la expulsión del hogar sino también con la desaparición de varios bienes de la casa.
La escena, descrita por testigos, parece sacada de una pesadilla: niños asustados, vecinos mirando con impotencia y una familia obligada a abandonar el lugar que durante años llamó hogar. Si los hechos se confirman, no estaríamos ante un simple procedimiento irregular, sino ante un grave abuso de autoridad y una violación directa del derecho a la propiedad privada, uno de los pilares básicos de cualquier sociedad que se considere democrática.
La policía, en teoría, representa la seguridad, el orden y la protección del ciudadano. Pero cuando quienes portan el uniforme y las armas del Estado son señalados de actuar fuera de la ley, la línea entre protector y agresor se vuelve peligrosamente difusa. Y es allí cuando el miedo comienza a reemplazar la confianza.
Hoy la pregunta vuelve a resonar en las calles y en los hogares venezolanos: ¿quién defiende al ciudadano cuando el ciudadano denuncia a quienes deberían protegerlo?
Por eso, más que nunca, se hace necesaria una investigación seria, transparente y sin maquillajes. Porque la justicia no puede depender del silencio ni de la resignación de las víctimas.
Al final, la verdadera fortaleza de un país no se mide por la fuerza de sus cuerpos de seguridad, sino por la capacidad de sus instituciones para reconocer errores, castigar abusos y proteger a los más vulnerables.
Si eso no ocurre, lo que queda no es autoridad… sino miedo disfrazado de poder.
