La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela solicitó este martes que se resuelva de manera definitiva la situación de vacancia en la Presidencia del país, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Constitución, luego de cumplirse más de 90 días desde la captura de Nicolás Maduro.
En un comunicado difundido en la red social X, la institución recordó que la suplencia del Poder Ejecutivo por parte del vicepresidente tiene un carácter “funcional y temporal”, tal como lo establecen los artículos 233, 234 y 239 de la Constitución venezolana.
Asimismo, advirtió que la prolongación indefinida del ejercicio presidencial por una autoridad no electa constituye una violación del principio democrático y de la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo. En ese sentido, subrayó que el cargo de vicepresidente ejecutivo no es de elección popular, sino de designación presidencial, por lo que carece de legitimidad democrática directa.
La academia también explicó que la Constitución prevé claramente los procedimientos a seguir en caso de ausencia del presidente. Según estos, el vicepresidente debe asumir el cargo de forma transitoria y por un tiempo limitado, mientras se define la situación conforme a los lapsos establecidos.
El pronunciamiento ocurre en un contexto en el que Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero por decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tras la detención de Maduro.
De acuerdo con el artículo 234 de la Constitución, las faltas temporales del presidente pueden ser suplidas por el vicepresidente por un máximo de 90 días, prorrogables por igual período con aprobación del Parlamento. Si la ausencia supera ese plazo, corresponde al Poder Legislativo decidir si se configura una falta absoluta.
En este escenario, la academia insiste en la necesidad de respetar el orden constitucional y avanzar hacia una solución definitiva que garantice la legitimidad democrática del Ejecutivo, lo que podría implicar la convocatoria a elecciones presidenciales en los plazos previstos por la ley
