Un video que circula con fuerza en redes sociales ha encendido las alarmas en el kilómetro 88 de Las Claritas, estado Bolívar, luego de que un funcionario militar pronunciara unas palabras que para muchos dejan más preguntas que respuestas.
La grabación muestra al uniformado dirigiéndose a miembros de la comunidad y afirmando que ya había conversado con personas identificadas como «Juancho» y «Humbertico». Lo más inquietante no es solamente la mención de estos nombres, sino la frase que vino después.
“Ellos quedan tranquilos con sus cuestiones y ustedes siguen trabajando con la minería”.
Las declaraciones han generado indignación y desconcierto entre habitantes de la zona minera, quienes se preguntan cuál es exactamente la relación entre estos individuos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
La interrogante que hoy recorre los campamentos mineros y las calles de Las Claritas es sencilla pero contundente. ¿Por qué un funcionario del Estado informa públicamente que ya habló con determinadas personas antes de comunicar una decisión que afecta directamente la actividad minera de la zona?
En una región marcada durante años por denuncias de corrupción, cobros irregulares, control de grupos armados y disputas por el oro, este tipo de comentarios no pasan desapercibidos. Por el contrario, alimentan la percepción de que detrás de muchas decisiones existirían acuerdos de los que la población jamás es informada.
Para numerosos ciudadanos, el video parece mostrar una preocupante normalización de negociaciones paralelas que nada tienen que ver con la transparencia que debería caracterizar la actuación de los organismos de seguridad.
Mientras las autoridades del chavismo guardan silencio sobre el contenido de la grabación, la polémica continúa creciendo. Cada reproducción del video aumenta las dudas y fortalece las sospechas de quienes consideran que en las minas del sur de Bolívar existen intereses que operan por encima de la ley.
Porque cuando un funcionario habla de personas específicas y asegura que ellas «quedan tranquilas con sus cuestiones», la discusión deja de ser sobre minería. La discusión pasa a ser sobre quién tiene realmente el control y quién se beneficia de las riquezas que salen diariamente de las entrañas de Guayana.
La transparencia no debería generar dudas. Pero cuando las palabras de una autoridad provocan más preguntas que respuestas, la desconfianza se convierte en la verdadera protagonista de la historia.
