El exfiscal venezolano Zair Mundaray aseguró este sábado que las autoridades chavistas han incurrido en contradicciones durante el proceso judicial del caso Pdvsa-Cripto, luego de reconocer supuestas dificultades técnicas para continuar las audiencias telemáticas desde la cárcel de El Rodeo I.
A través de una publicación en la red social X, Mundaray señaló que el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, visitó recientemente el centro penitenciario y concluyó que no existen condiciones adecuadas para mantener el juicio de forma remota debido a fallas en los equipos tecnológicos. Sin embargo, según el exfiscal, el tribunal decidió mantener la continuación del proceso bajo modalidad telemática para el próximo lunes.
Mundaray también afirmó que el director de El Rodeo I se negó a trasladar a los detenidos a los tribunales alegando razones de seguridad, situación que ha sido denunciada previamente por abogados defensores y familiares de los acusados. Diversas fuentes han reportado suspensiones y retrasos en las audiencias debido a la falta de traslado de los procesados recluidos en Rodeo I, Yare II y otros centros de detención.
El exfiscal cuestionó que los detenidos en El Rodeo I sean los únicos obligados a participar en las audiencias de manera virtual y denunció que se les estaría limitando el derecho a comparecer personalmente ante el tribunal. “Son solo los de Rodeo quienes no tienen derecho a asistir personalmente al juicio”, expresó.
Asimismo, Mundaray vinculó esta situación con las denuncias sobre fallecimientos de personas bajo custodia del Estado y sugirió que las autoridades buscan evitar nuevas controversias relacionadas con el sistema penitenciario. A su juicio, el gobierno intenta contener el impacto político y mediático generado por las denuncias surgidas durante el desarrollo del juicio.
El caso Pdvsa-Cripto, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción investigados en Venezuela, involucra a más de 60 acusados y ha estado marcado por cuestionamientos sobre el debido proceso, la transparencia de las audiencias y las condiciones de reclusión de los imputados.
