Lo que durante años el chavismo vendió como una supuesta conspiración militar hoy se derrumba en los pasillos oscuros de un sistema judicial podrido por la persecución, el miedo y la manipulación. El caso de la 72 Brigada de Paracaidistas, utilizado para mantener secuestrado al general Raúl Isaías Baduel y destruir la vida de decenas de oficiales, comienza a revelar una verdad escalofriante que deja al descubierto la maquinaria de terror instaurada en Venezuela.
El exfiscal Zair Mundaray reveló que fuentes del llamado Palacio de Justicia confirmaron el desastre judicial que el régimen intenta ocultar desesperadamente. Los señalados torturadores Abel Angola, Alexander Granko y otros funcionarios vinculados a los interrogatorios y abusos contra los militares detenidos simplemente se negaron a comparecer ante el tribunal. El miedo a responder por las torturas, las desapariciones forzadas y los métodos criminales usados durante años terminó pesando más que el montaje político fabricado por el chavismo.
Pero el golpe definitivo para esta trama llegó este martes cuando el llamado “testigo estrella” del Ministerio Público terminó pulverizando la narrativa oficial. Según trascendió en tribunales, aseguró que jamás escuchó hablar de conspiraciones y que desconocía por completo los hechos atribuidos a los militares detenidos, a quienes describió como “excelentes militares”. Una frase bastó para desnudar casi una década de infamia.
Más de nueve años presos. Nueve años de vidas destruidas. Nueve años entre tribunales militares y ordinarios sin una sola prueba sólida. Nueve años de familias destrozadas mientras Venezuela se hundía en la miseria bajo el peso de una revolución que prometió justicia y terminó construyendo centros de tortura y expedientes falsos.
El caso Baduel representa quizás una de las mayores tragedias políticas de la Venezuela contemporánea. Un hombre que alguna vez fue clave para devolver a Hugo Chávez al poder terminó perseguido, encarcelado y muerto bajo custodia del mismo sistema que ayudó a sostener. La historia terminó devorando a uno de sus propios arquitectos.
Hoy, mientras el país sobrevive entre apagones, hambre, exilio y represión, el interinato de facto encabezado por Delcy Rodríguez mantiene intacto el aparato de persecución heredado del chavismo. Nada cambió para los presos políticos ni para los militares olvidados en calabozos militares. Venezuela sigue siendo una nación donde la justicia se usa como arma y donde el poder necesita fabricar enemigos para sobrevivir.
La gran pregunta retumba ahora en cada rincón del Palacio de Justicia
Qué harán con estos hombres después de destruirles la vida
Porque cuando un régimen necesita tortura, montajes y testigos falsos para sostener sus acusaciones, ya no estamos frente a un sistema judicial. Estamos frente a una abominación institucional que terminó sepultando el Estado de derecho y convirtiendo a Venezuela en el reflejo más cruel del fracaso chavista.
