Mientras Venezuela intenta levantarse de las ruinas que dejó más de un cuarto de siglo de chavismo, nuevas denuncias vuelven a demostrar que la tragedia nacional nunca fue solo económica o política, sino profundamente moral. Lo que alguna vez prometieron como “justicia social” terminó convertido en un mercado oscuro donde hasta la libertad tiene tarifa en dólares.
Las recientes declaraciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez encendieron una nueva tormenta dentro del sistema judicial venezolano al admitir públicamente que existen jueces cobrando dinero para aplicar la Ley de Amnistía. La propia funcionaria reconoció haber solicitado acciones contra quienes estarían negociando libertades a cambio de pagos ilegales.
Pero en Venezuela ya nadie se sorprende. Después de años de destrucción institucional impulsada por el chavismo, la corrupción dejó de ser excepción para convertirse en norma. Hospitales destruidos, universidades abandonadas, salarios pulverizados y ahora también tribunales señalados de vender decisiones judiciales como si fueran mercancía clandestina.
Según las denuncias, una estructura conocida en tribunales como “El Triángulo de la Corrupción” estaría operando para exigir pagos que van desde 15.000 hasta 300.000 dólares, incluso mediante criptomonedas, a cambio de facilitar beneficios contemplados en la Ley de Amnistía aprobada este año. Los nombres señalados estremecen aún más porque pertenecen al corazón mismo del aparato judicial venezolano.
Las acusaciones apuntan contra Luis Ernesto Dueñez Reyes, director general de Delitos Comunes del Ministerio Público, Carolina Molinos Rodríguez, presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien fue pieza clave de El Potro Antonio Álvarez, y Carlos Liendo, juez Segundo Contra el Terrorismo.
La Ley de Amnistía fue presentada por el oficialismo como una supuesta herramienta de reconciliación nacional para cerrar heridas políticas acumuladas desde 1999. Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos denuncian retrasos, discrecionalidad y presuntos cobros ilegales para emitir boletas de excarcelación.
Lo más indignante es que mientras miles de venezolanos sobreviven entre apagones, hambre y salarios miserables, algunos funcionarios habrían convertido el dolor de las familias en un negocio multimillonario. En la Venezuela devastada por el chavismo, la justicia parece haberse transformado en un privilegio reservado para quien pueda pagarla.
La frase de un abogado consultado resume la indignación nacional
“La libertad no puede tener precio”
Y tiene razón. Porque cuando un país llega al punto de cobrar por liberar inocentes, ya no se trata solo de corrupción. Se trata de la destrucción total de la dignidad humana.
Hoy Venezuela sigue atrapada entre promesas de cambio y viejas prácticas del poder. El interinato encabezado por Delcy Rodríguez intenta mostrarse como una nueva etapa, pero las sombras del chavismo continúan respirando dentro de las instituciones. Cambian los discursos, cambian los nombres, pero el ciudadano sigue enfrentando el mismo monstruo que durante años convirtió al país más rico de Sudamérica en una nación rota y humillada ante el mundo.
