La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el cierre del ciclo de aplicación de la Ley de Amnistía, señalando que los casos que no fueron incluidos deberán ser canalizados a través del “Programa de Convivencia Democrática y Paz” y la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
De acuerdo con el balance oficial de la Asamblea Nacional, la medida permitió otorgar 8.616 libertades plenas, como parte de un proceso que el Gobierno presentó como un paso hacia la reconciliación nacional.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el alcance real de la ley. La ONG Foro Penal sostiene que las cifras oficiales no reflejan la totalidad de la situación de los presos políticos en el país.
El director de la organización, Gonzalo Himiob, aclaró que de las excarcelaciones registradas desde enero de 2026, solo una parte corresponde directamente a la amnistía. Datos previos del Foro Penal ya advertían que muchas liberaciones se daban bajo medidas condicionadas o por vías distintas a la normativa aprobada.
Además, ONG y activistas han denunciado que la ley dejó fuera a numerosos detenidos, incluidos algunos considerados casos prioritarios, lo que ha generado preocupación por posibles exclusiones selectivas y falta de transparencia en su aplicación.
Mientras el oficialismo da por concluido este proceso, familiares de detenidos y defensores de derechos humanos mantienen la atención en los mecanismos alternativos anunciados por el Ejecutivo. Existe temor de que los casos más complejos o sensibles queden sin resolución efectiva dentro del sistema institucional.
El cierre de la Ley de Amnistía marca así un nuevo capítulo en el manejo de los presos políticos en Venezuela, en medio de cuestionamientos sobre garantías, alcance real y cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
