Eddy Rodríguez, en la mira por presunta corrupción dentro de la Fiscalía.
Eddy Rodríguez, actual Fiscal Nacional 50, ha sido señalado en denuncias que lo ubican como una de las figuras más cuestionadas dentro del Ministerio Público venezolano. De acuerdo con versiones que circulan en distintos espacios, su nombre aparece vinculado a presuntos hechos de corrupción relacionados con el caso conocido como “PDVSA cripto”, un escándalo que ha sacudido a la industria petrolera del país.
Según estas denuncias, Rodríguez habría actuado en conjunto con Farik Mora en operaciones que les habrían generado importantes beneficios económicos. Incluso, se afirma que ambos funcionarios habrían dejado de responder a la línea del exfiscal general Tarek William Saab, lo que reflejaría tensiones internas dentro del organismo.
Farik Karin Mora Salcedo, uno de los dos encargados de investigar el llamado caso Pdvsa-Cripto, la trama de corrupción presuntamente liderada por Tareck El Aissami, exministro del Petróleo, que desfalcó al menos 16.960 millones de dólares, según estimaciones la empresa estatal petrolera y que tuvo ramificaciones en la Superintendencia de Criptoactivos, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otras empresas públicas.
Entre los elementos que se mencionan como indicios de enriquecimiento se encuentra una propiedad ubicada en Macaracuay, Caracas, cuyo valor superaría los dos millones de dólares, cifra que contrasta con los ingresos oficiales de un funcionario público.
En el plano personal, Rodríguez está casado con la jueza Sabrina Montes de Oca, quien también ha sido objeto de críticas por decisiones judiciales polémicas, entre ellas casos que involucran a periodistas como Ramón Centeno. Asimismo, se le vincula con Carolina Molinos, presidenta del circuito judicial penal de Caracas, con quien presuntamente mantendría relaciones de trabajo en esquemas irregulares asociados al manejo de expedientes penales.
Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales que confirmen o desmientan estas acusaciones. Sin embargo, los señalamientos vuelven a poner en debate la transparencia y el funcionamiento del sistema de justicia en Venezuela, en medio de reiteradas denuncias sobre corrupción e irregularidades dentro de sus instituciones.
