Trabajadores de al menos 23 universidades públicas de Venezuela iniciaron este miércoles un paro nacional de 24 horas para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 y actualmente equivalente a unos 27 centavos de dólar mensuales, según el tipo de cambio oficial.
La medida fue convocada por gremios universitarios como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), que denuncian la grave precariedad salarial y la falta de condiciones laborales dignas en el sector educativo.
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, rechazó el argumento de que un aumento salarial impulsaría la inflación. “Llevamos cuatro años sin salario y la inflación sigue alta”, afirmó, al tiempo que pidió que cualquier cambio político en el país también se refleje en mejoras salariales.
Afonso sostuvo que no es coherente que existan mayores ingresos e inversiones sin que esto se traduzca en mejores sueldos para los trabajadores, y aseguró que las protestas responden a la falta de atención del Gobierno ante las demandas sociales.
Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, Carlos Suárez, indicó que la continuidad de las protestas dependerá de los anuncios previstos para el 1 de mayo, cuando el Ejecutivo ha prometido informar sobre un posible incremento salarial.
En paralelo, la Federación Venezolana de Maestros realizó asambleas en todo el país para respaldar el paro universitario y analizar la situación del sector educativo. El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Edgar Machado, alertó que los docentes se encuentran en “emergencia” debido a los bajos salarios y a la falta de un contrato colectivo desde hace cuatro años.
Asimismo, la presidenta del gremio, Carmen Teresa Márquez, exigió que cualquier aumento no se otorgue mediante bonos, ya que estos no inciden en beneficios laborales como prestaciones o vacaciones. También denunció la falta de respuesta oficial a múltiples solicitudes enviadas a los ministerios correspondientes.
Las protestas se producen en un contexto de inflación persistente, que continúa deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores. En 2025, la inflación superó el 400 %, mientras que el costo de la canasta básica alimentaria para una familia de cinco personas superó los 690 dólares mensuales, muy por encima de los ingresos promedio.
Este paro marca una nueva escalada en el conflicto laboral del sector educativo, cuyos gremios llevan semanas movilizándose para exigir salarios dignos y mejores condiciones de vida.
