Un grupo de expresos políticos en Venezuela denunció este martes ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en Caracas, retrasos y negativas en la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026.
La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) alertó además sobre la falta de respuestas por parte del Estado y aseguró que todavía permanecen más de 400 personas detenidas por motivos políticos, pese a la normativa aprobada. Esta cifra coincide con reportes recientes de organizaciones independientes, que sitúan en varios cientos los presos políticos aún encarcelados tras la amnistía .
El periodista y activista Carlos Julio Rojas, excarcelado en enero de este año, calificó como “muy productiva” la reunión con funcionarios de la ONU, pero advirtió que existe una “situación muy grave” en la implementación de la ley. Según explicó, la normativa se aplica con “selectividad” y sin criterios claros.
Rojas denunció que su solicitud de amnistía lleva más de un mes sin respuesta, a pesar de que la ley establece un plazo de 15 días para que los tribunales se pronuncien. “Nos dicen que están esperando órdenes de arriba”, afirmó, al tiempo que alertó sobre una “oleada de negaciones sin ningún tipo de argumento”.
Asimismo, criticó que los casos estén siendo evaluados por las mismas instituciones que participaron en los procesos judiciales previos, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad del proceso. Diversas organizaciones ya habían advertido que la aplicación de la amnistía presenta problemas de discrecionalidad y falta de transparencia .
El activista también expresó preocupación por posibles represalias, al considerar que quienes han sido excarcelados podrían volver a prisión por emitir declaraciones públicas.
Por su parte, el exdiputado Williams Dávila, liberado en marzo, denunció que el Estado aún no ha devuelto bienes incautados durante su detención, lo que calificó como parte de una política de persecución. Además, insistió en que no puede haber estabilidad política en el país mientras existan presos políticos.
La Ley de Amnistía ha permitido la excarcelación de cientos de personas en los últimos meses; sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada. Según datos de organizaciones como Foro Penal, cientos de detenidos siguen sin recibir libertad plena o continúan bajo medidas judiciales restrictivas .
Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han publicado una lista oficial de beneficiarios, pese a solicitudes del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien ha reiterado el llamado a liberar a todos los detenidos por motivos políticos .
