Lo que está viviendo Verónica Alejandra Petit Jota no es un proceso legal; es una cacería de brujas orquestada desde las sombras del poder. Mientras el sistema judicial venezolano se llena la boca hablando de «justicia social», en Carabobo una madre de 34 años cumple casi un año secuestrada en su propia casa por un delito que parece ser el más grave de todos: denunciar la corrupción.
El pecado de alzar la voz: Presa por «odiar» la injusticia
Todo comenzó el 4 de abril de 2025. Tras denunciar irregularidades en la custodia de su hijo de 5 años, Verónica fue arrestada. ¿Los cargos? Los comodines favoritos de la represión: desacato e incitación al odio. ¿Su verdadero «crimen»? Publicar en redes sociales la verdad sobre su expareja, un hombre que, según las denuncias de Provea, se mueve como pez en el agua en las altas esferas del sistema judicial de Carabobo y tendría vínculos directos con un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La telaraña de irregularidades: Expedientes «fantasma» y trampas legales
El ensañamiento contra Petit parece no tener límites. Su defensa ha denunciado un catálogo de horrores procesales que harían palidecer a cualquier manual de derecho:
- Secuestro de información: Los abogados pasaron semanas sin ver el acta de su pase a juicio. ¿La excusa? El expediente «se estaba trabajando». Cuando por fin lo soltaron, ya era «tarde» para apelar. Una jugada maestra de sabotaje legal.
- Cargos «cocinados»: De la nada, y sin investigación previa, ahora le enciman acusaciones por tráfico de sustancias estupefacientes. Un movimiento desesperado para mantenerla silenciada.
- Coacción Policial: El pasado 10 de febrero, agentes irrumpieron en su hogar con órdenes presuntamente falsas. Verónica tuvo que firmar notificaciones bajo amenaza, dejando constancia de que lo hacía «bajo coacción».
Una madre enferma y un niño en peligro
Verónica padece epilepsia tónico-clónica, una condición que se agrava con el estrés extremo al que está siendo sometida. Pero al sistema no le importa su salud, ni tampoco el bienestar de su hijo, a quien no ve desde hace un año.
La alerta es máxima: mientras ella está inmovilizada por un arresto domiciliario injusto, existe el riesgo inminente de que el menor sea sacado del país sin que ninguna autoridad mueva un dedo para evitarlo.
«Esto no es justicia, es nepotismo procesal puro y duro. Están usando todo el peso del Estado para favorecer a un ‘enchufado’ y destruir a una madre.»
El silencio cómplice de las instituciones
Ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Asamblea Nacional han respondido a los gritos de auxilio. El caso de Verónica Petit es el espejo de un país donde tener un contacto en el TSJ vale más que la Constitución y el amor de una madre.
