Una nueva ola de detenciones sacude a Venezuela luego de las protestas registradas el pasado 23 de marzo. De acuerdo con reportes extraoficiales, al menos 20 personas habrían sido detenidas sin órdenes judiciales en los estados Miranda, Sucre, Táchira y Zulia, presuntamente por haber participado en manifestaciones ciudadanas.
Las aprehensiones, según denuncias, se realizaron de forma irregular, sin la presentación de órdenes emitidas por tribunales, lo que genera preocupación entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los detenidos habrían sido trasladados a distintos centros de reclusión, sin que hasta el momento se conozca con claridad su situación legal o las imputaciones formales en su contra.
Fuentes cercanas señalan que ya no se estaría utilizando abiertamente el término “Operación Tun-Tun”, estrategia previamente denunciada por sectores de la sociedad civil para describir detenciones selectivas. Sin embargo, aseguran que el patrón de procedimientos se mantiene, aunque con un manejo más discreto para reducir el impacto y la percepción pública.
Este nuevo episodio se suma a una larga lista de denuncias sobre criminalización de la protesta en el país, en un contexto donde la disidencia sigue siendo objeto de persecución. Organizaciones no gubernamentales exigen garantías al debido proceso, así como la liberación de quienes consideran detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a manifestar.
