Carlos Julio Rojas cuestionó la actuación de la Fiscalía 24 Nacional y pidió al Ministerio Público garantizar el respeto a la propiedad privada frente a las denuncias de presuntas invasiones y extorsiones en Caracas.
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El periodista y activista Carlos Julio Rojas denunció públicamente lo que considera una actuación irregular de la Fiscalía 24 Nacional, a la que señaló de haber absuelto de delitos a un integrante de un colectivo identificado como Pabloalenhijo, presuntamente involucrado en la invasión por la fuerza de un terreno perteneciente a la Fundación Colegio de Profesionales de la Enfermería de Venezuela (FCPEnfermeríaVe), ubicado en San Bernardino, Caracas.
A través de una publicación en la red social X, Rojas expresó su indignación por la decisión atribuida a la Fiscalía y exigió que las autoridades actúen para proteger el derecho a la propiedad privada y evitar que grupos señalados de ejercer intimidación puedan actuar sin consecuencias legales.
En su mensaje, el activista hizo un llamado directo a Larry Devoe, vinculado al ámbito de los derechos humanos y la institucionalidad venezolana, para que intervenga en el caso y contribuya a garantizar que se investiguen los hechos denunciados.
Rojas también advirtió sobre presuntas prácticas de extorsión contra propietarios en Caracas. Según su denuncia, algunos afectados estarían siendo presionados por integrantes de colectivos, quienes supuestamente exigirían pagos de hasta 35.000 dólares. El activista situó parte de estas acusaciones en las inmediaciones de la esquina de Ferrenquín, en La Candelaria, cerca de la sede del Ministerio Público.
Las afirmaciones plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para responder ante las denuncias de invasiones, amenazas y posibles extorsiones, así como sobre las garantías de protección que reciben quienes aseguran ser víctimas de estos hechos.
El caso también pone sobre la mesa la responsabilidad de las autoridades de investigar de manera imparcial las denuncias, esclarecer las circunstancias de la presunta ocupación del terreno y determinar si existieron actuaciones irregulares por parte de particulares o funcionarios.
Hasta el momento, las acusaciones difundidas por Rojas requieren ser contrastadas con documentos oficiales y pronunciamientos de las partes involucradas. No se dispone aquí de una respuesta oficial de la Fiscalía 24 Nacional ni de los señalados que permita establecer de manera independiente los fundamentos de la decisión cuestionada o confirmar las presuntas exigencias económicas.
Finalmente, el activista dirigió un mensaje a Delcy Rodríguez y a las autoridades vinculadas con la gestión gubernamental, al tiempo que reiteró, desde el Frente Norte de Caracas, su rechazo a las invasiones de inmuebles. Su consigna fue contundente: «Invadir es delito».
La exigencia de fondo es que las denuncias sean investigadas, que se garantice el debido proceso y que el derecho a la propiedad privada no quede desprotegido frente a presiones o actuaciones al margen de la ley.
