Caracas.- Venezuela vuelve a escuchar promesas de derechos humanos mientras las familias de los presos políticos continúan esperando respuestas que nunca llegan.
Promesas que llegan tarde mientras las familias siguen esperando.
La Defensoría del Pueblo, institución llamada constitucionalmente a proteger los derechos de los venezolanos, ahora asegura que revisará los casos de personas desaparecidas en la frontera y en otros países. La defensora Eglée González Lobato afirmó que ninguna madre debería enfrentar sola la angustia de no saber dónde está su hijo y prometió acompañarlas con actuaciones concretas.
El problema es que para muchas familias venezolanas esas palabras llegan después de meses de denuncias, protestas y reclamos frente a las propias instituciones del Estado, por que no la levantado la voz a favor de los presos políticos en Venezuela.
La situación de los presos políticos es el ejemplo más doloroso. Desde mayo los familiares han acudido públicamente a la Defensoría para denunciar presuntos tratos crueles, problemas de salud, retrasos procesales y condiciones de reclusión. La institución anunció entonces comisiones especiales y reuniones para atender los casos.
En agosto volvió a anunciar una mesa técnica para revisar individualmente los expedientes de los detenidos y sus condiciones de reclusión.
Pero en septiembre las familias seguían en las calles exigiendo respuestas. El 7 de septiembre, después de una nueva protesta frente a la Defensoría, González Lobato volvió a comprometerse a revisar los casos y recibir a los familiares. Para ese momento, Foro Penal contabilizaba 328 presos políticos en Venezuela.
La pregunta que queda para miles de familias es cuánto tiempo más tendrán que esperar para que una promesa se convierta en una acción real.
Mientras los expedientes pasan de una oficina a otra, hay madres que siguen esperando una llamada, una visita, una información oficial o simplemente saber dónde está su ser querido.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas expuso hasta qué punto puede llegar esta incertidumbre. Su madre pasó meses buscándolo y hasta se reunío con Eglée González Lobato, mientras las instituciones manejaban versiones contradictorias sobre su paradero. La Defensoría incluso lo registraba como detenido en El Rodeo I meses después de su muerte, según investigaciones periodísticas.
Por eso, el nuevo compromiso con los desaparecidos tendrá que medirse por resultados y no por declaraciones.
Las familias venezolanas no necesitan más discursos institucionales. Necesitan saber dónde están sus hijos, conocer la verdad sobre quienes desaparecieron, obtener justicia para quienes fueron detenidos arbitrariamente y recibir respuestas sobre quienes permanecen tras las rejas.
La Defensoría puede anunciar nuevas revisiones, nuevas mesas y nuevos mecanismos de seguimiento. Pero mientras existan familias caminando de institución en institución buscando a sus seres queridos, cualquier promesa seguirá siendo insuficiente.
En Venezuela, la defensa de los derechos humanos no puede quedarse en comunicados. Tiene que convertirse en hechos.
