Venezuela vuelve a exhibir uno de los rostros más cuestionados de su sistema de justicia. Esta vez, la denuncia apunta directamente contra Angelimar Carmona Hernández, jueza del Tribunal Primero de Ejecución con competencia en Terrorismo, quien estaría impidiendo que el general Héctor Hernández Da Costa designe libremente al abogado que desea para ejercer su defensa.
Por bitacora58.com
La denuncia fue difundida este lunes por Joel García, abogado y reconocido defensor de presos políticos, quien aseguró que el tribunal se niega a recibir el documento mediante el cual Hernández Da Costa designó a su abogado de confianza.
El episodio vuelve a colocar bajo el foco a una funcionaria judicial que ya ha sido objeto de señalamientos públicos por presuntas actuaciones condicionadas por intereses políticos.
El expreso político Nelson Piñero ha denunciado anteriormente que Carmona recibiría instrucciones de Diosdado Cabello y que supuestamente habría recibido la orden de no conceder nuevas libertades. Estas afirmaciones forman parte de denuncias públicas que han generado cuestionamientos sobre la independencia de las decisiones judiciales en casos vinculados con presos políticos.
Ahora el señalamiento adquiere una dimensión todavía más preocupante. No se trata únicamente de una decisión sobre la libertad de un detenido. Se cuestiona algo tan elemental como el derecho de una persona procesada a escoger quién ejercerá su defensa.
Hernández Da Costa, detenido en el contexto de la represión política venezolana, habría intentado formalizar la designación de su abogado de confianza. Sin embargo, según la denuncia de García, la jueza ni siquiera estaría recibiendo el documento correspondiente.
Para los familiares y defensores de los presos políticos, situaciones como esta alimentan la percepción de que en Venezuela la justicia puede convertirse en otra herramienta de presión contra quienes permanecen detenidos por razones políticas.
La defensa no debería depender de la voluntad de una funcionaria ni mucho menos de supuestas instrucciones externas. El derecho a contar con un abogado de confianza constituye una garantía básica de cualquier proceso judicial.
El caso de Hernández Da Costa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ha acompañado durante años a la justicia venezolana. Hasta dónde llega la independencia de los tribunales cuando están en juego personas consideradas enemigas políticas del poder.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro insiste en presentar su sistema judicial como una institución independiente, las denuncias de abogados, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan describiendo una realidad muy distinta.
Y esta vez el reclamo es contundente. Hernández Da Costa no estaría pidiendo un privilegio. Estaría intentando ejercer un derecho tan básico como elegir quién lo defiende.
