La devastación del sur de Venezuela continúa avanzando ante la mirada de un régimen que parece incapaz de frenar el desastre ambiental que se extiende por uno de los territorios más importantes del país.
Por bitacora58.com
Un nuevo registro evidencia que la actividad aurífera ilegal no solo persiste, sino que continúa creciendo en la cuenca media del río Caroní, específicamente en el sector indígena 3 de la Gran Sabana. La imagen de esta destrucción vuelve a encender las alarmas sobre el futuro de una región que resulta vital para millones de venezolanos.
La minería ilegal está dejando cicatrices profundas sobre los bosques, los ríos y los territorios indígenas. Cada nuevo punto de explotación representa más tierra removida, más contaminación y una presión creciente sobre una cuenca estratégica para Venezuela.
El río Caroní no es cualquier río. De sus aguas depende buena parte del sistema de generación hidroeléctrica del país. Su deterioro no es solamente un problema ambiental ni una tragedia que afecta exclusivamente a las comunidades del sur. Las consecuencias pueden terminar golpeando a toda Venezuela.
Mientras el extractivismo ilegal avanza, las comunidades indígenas continúan viendo cómo su territorio es transformado por una actividad que deja destrucción a su paso. El oro desaparece de la tierra y las ganancias quedan en manos de unos pocos, mientras el daño ambiental permanece sobre el territorio venezolano.
La devastación del sur del Orinoco se ha convertido en una de las grandes heridas ambientales de Venezuela. La falta de controles efectivos y la permisividad frente a la minería ilegal alimentan un problema que amenaza los ecosistemas y pone en riesgo recursos esenciales para el futuro del país.
Urge desacelerar el extractivismo ilegal e informal antes de que el daño sea todavía más difícil de revertir. Defender el Caroní significa defender los bosques, las comunidades indígenas, el agua y también el sistema eléctrico del que depende buena parte de la nación.
El sur de Venezuela no puede seguir pagando el precio de la destrucción. Cada hectárea arrasada y cada río contaminado representan una factura ambiental que tarde o temprano terminarán pagando todos los venezolanos.
La riqueza natural de Venezuela no puede convertirse en tierra arrasada mientras el país pierde sus bosques, sus ríos y sus recursos más valiosos.
