Un enorme escándalo de corrupción migratoria en Estados Unidos pone sobre la mesa el oscuro negocio que puede surgir cuando funcionarios utilizan el poder público para favorecer a quienes pagan.
Por: bitacora58.com
Las autoridades estadounidenses arrestaron este miércoles 2 de septiembre a un exoficial sénior del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, y a un presunto cómplice, señalados de participar en un esquema que habría permitido aprobar y acelerar ilegalmente trámites migratorios a cambio de dinero.
El caso, investigado con participación del FBI, llegó a los tribunales federales del Distrito Norte de Texas y expone una presunta maquinaria de corrupción que habría manipulado procesos destinados a garantizar que las solicitudes de residencia permanente y ciudadanía cumplieran con las leyes estadounidenses.
El exfuncionario Lukman Owolabi Ganiyu habría utilizado su posición entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 para intervenir en expedientes migratorios y favorecer solicitudes mediante pagos ilegales, según la acusación federal.
Su supuesto cómplice, Adeniyi Akeem Somoye, también fue detenido por su presunta participación en el esquema.
La investigación sostiene que Ganiyu habría utilizado su autoridad para saltarse controles obligatorios en determinados expedientes, incluyendo entrevistas, revisiones de supervisores, límites de jurisdicción y verificaciones de antecedentes.
En otras palabras, expedientes que debían atravesar filtros establecidos por la ley presuntamente podían avanzar si detrás existía el dinero suficiente.
Los fiscales sostienen además que algunos de los beneficiarios ni siquiera cumplían con los requisitos establecidos por la legislación federal para obtener la aprobación de sus trámites.
El escándalo golpea directamente la credibilidad de un sistema migratorio que millones de personas enfrentan durante años, muchas veces soportando largos procesos, revisiones exhaustivas y esperas interminables para conseguir una residencia o ciudadanía.
Y aquí aparece una diferencia que resulta imposible ignorar.
En Estados Unidos, cuando un funcionario es acusado de utilizar su cargo para vender favores migratorios, el FBI investiga y el Departamento de Justicia presenta cargos federales.
En Venezuela, durante años, la corrupción enquistada en las instituciones ha sido denunciada por organizaciones, periodistas y ciudadanos que señalan cómo el poder político ha convertido numerosos trámites, privilegios y oportunidades en terrenos fértiles para el abuso y el clientelismo.
El contraste resulta brutal para los venezolanos que han tenido que abandonar su país buscando seguridad, estabilidad y una vida digna.
Miles de ellos llegan a Estados Unidos cargando historias de persecución, pobreza y destrucción institucional, mientras observan con preocupación que incluso fuera de Venezuela pueden aparecer funcionarios dispuestos a convertir la desesperación migratoria en un negocio.
La acusación contra Ganiyu todavía deberá ser probada ante la justicia y los señalados mantienen sus derechos dentro del proceso judicial.
Pero el mensaje de las autoridades estadounidenses es contundente. El cargo público no es una licencia para vender favores y ningún funcionario debería convertir una green card o una ciudadanía en mercancía.
Para quienes escaparon del desastre venezolano provocado por décadas de corrupción y abuso del poder, el caso representa además un recordatorio incómodo de aquello que precisamente dejaron atrás.
Cuando la corrupción entra por la puerta de una institución, la justicia termina saliendo por la ventana.
