Para nadie es un secreto que la comunidad migrante con mayor numero es la venezolana, y por eso causa gran preocupación las palabras del presidente de Colombia: “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos”, declaró De La Espriella
Presidente de Colombia Abelardo De La Espriella ordenó este lunes 24 de agosto, iniciar operativos para identificar y deportar a migrantes en situación irregular pone a Migración Colombia ante una tarea para la que, según fuentes consultadas, la entidad todavía no tendría toda la capacidad operativa.
El mismo De La Espriella anuncio haber hablado con el director de Migración Colombia para poner en marcha los procedimientos, en coordinación con la Policía.
La instrucción, dijo, tendrá dos prioridades:
Primero, ubicar a los extranjeros involucrados en delitos y, segundo, identificar a quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación. “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó De La Espriella durante el consejo de seguridad que se celebró en la capital del Atlántico.
El Gobierno tendrá que establecer con qué personal, infraestructura y procedimientos pretende ejecutar las deportaciones anunciadas, pero también deberá definir cómo distinguir entre una persona en situación migratoria irregular y un extranjero vinculado con una conducta delictiva.
Ese punto resulta determinante porque, en Colombia, la irregularidad migratoria no convierte por sí misma a una persona en delincuente. Las actuaciones administrativas relacionadas con la permanencia en el país y las investigaciones por posibles delitos corresponden a procedimientos diferentes.
Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, considera que el presidente está llevando el debate migratorio hacia un terreno de seguridad que puede terminar simplificando una situación que tiene componentes jurídicos, sociales y humanitarios.
Para el investigador, uno de los primeros problemas está precisamente en la utilización del término “ilegal”. En el marco colombiano, explicó, la categoría corresponde a una persona en situación irregular. “No existen personas ilegales, existen personas que se encuentran con estatus irregular”, sostuvo.
Las cifras permiten dimensionar el reto que enfrenta el Gobierno. Rodríguez señala que, con corte a junio de 2026, alrededor de 847.000 ciudadanos venezolanos permanecían en situación irregular en Colombia. De ellos, 527.000 habían sido identificados como plenamente regulares y otros 320.000 figuraban en proceso de regularización.
Dentro de esa población irregular hay 193.000 niños, niñas y adolescentes. Para Rodríguez, ese grupo debería ocupar una de las primeras posiciones dentro de cualquier estrategia estatal de regularización, debido a su condición de sujetos de especial protección. “Hay que hacer una búsqueda activa en las ciudades para proteger a esos niños, regularizarlos y darles acceso al sistema educativo”, explicó Rodríguez.
Pero mientras el debate se concentra en la orden presidencial, aparece otro problema: la capacidad real de Migración Colombia para cumplirla. Fuentes consultadas señalan que la entidad no tendría actualmente la infraestructura necesaria para ejecutar un operativo de deportaciones de la dimensión que plantea el Gobierno. Uno de los obstáculos identificados es la falta de salas transitorias suficientes para atender a las personas que sean objeto de expulsión o deportación.
vería simplemente aumentando el número de funcionarios. Migración Colombia tendría que fortalecer su articulación con la Policía, las alcaldías y las secretarías de seguridad para determinar qué personas en situación irregular tienen vínculos con actividades criminales y cuáles no.
REDACCIÓN BITACORA58.COM con información de EL TIEMPO
