En las calles de Lima, el opositor venezolano Villca Fernández se cruzó al menos tres veces con quienes habían sido sus carceleros en la prisión del Helicoide. En una de esas ocasiones tuvo que lanzarse de un transporte público para huir. El miedo no terminó con el destierro al que lo condenó el chavismo en 2018. Tras años en prisión, fue liberado con la condición de abandonar Venezuela y dejar atrás a su familia. Tampoco terminó en Perú. Después de casi cuatro años en Estados Unidos y una solicitud de asilo político pendiente, Fernández enfrenta ahora una posible deportación.
“¿Cómo puedes encontrarte tres veces en un mismo día con la misma persona en una ciudad de 12 millones de habitantes como Lima?”, se pregunta Fernández, de 46 años, en una videollamada desde Miami, donde trabaja como cocinero. “Eso no fue casualidad. La represión transnacional del chavismo está más que demostrada. Por eso supe que tenía que irme a Estados Unidos”.
Con represión transnacional se refiere a casos como el asesinato en Chile del teniente Ronald Ojeda, que se investiga como un crimen político, y al encarcelamiento de Franklin Caldera, un militar desertor capturado en 2020 por agentes de inteligencia venezolanos en Colombia y que hoy sigue preso.
Fernández llegó a Estados Unidos con las heridas de la represión vivida por su activismo contra el Gobierno de Nicolás Maduro. En 2022 cruzó el río Bravo, entre Texas y Ciudad Juárez, con copias impresas de su expediente de persecución. Las llevaba pegadas al cuerpo con papel de embalaje para que no se mojaran. Luego se entregó a la patrulla fronteriza y pidió asilo.
Las pruebas de esa persecución también estaban en su propio cuerpo. En las cicatrices de los perdigones que recibió durante protestas estudiantiles como dirigente de la Universidad de Los Andes. En el daño psicológico que le dejó pasar más de dos años con un grillete electrónico en el tobillo que vibraba cada media hora, lo que describe como una forma de tortura.
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