En una decisión que enciende las alarmas y vuelve a poner al interinato de Delcy Rodríguez bajo la lupa internacional, el gobierno venezolano anunció su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma y comenzar el retiro definitivo de Venezuela de la Corte Penal Internacional.
La medida fue comunicada este viernes 24 de julio por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, justo cuando la CPI mantiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
¿Casualidad? La decisión ocurre pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetiera contra la CPI y anunciara una campaña para intentar “desmantelarla”. Una coincidencia que ya genera preguntas y sospechas en medio de la delicada situación política venezolana.
Pero el anuncio del interinato no significa que las investigaciones desaparezcan de la noche a la mañana. El abogado Alí Daniels advirtió que las investigaciones en curso mantienen su validez y que cualquier orden de aprehensión que pueda emitirse seguirá teniendo plena validez legal.
Además, la salida no es inmediata. Una vez que la comunicación oficial sea consignada ante la ONU, debe transcurrir un año para que la denuncia surta efecto. Durante ese período, Venezuela continuará obligada a colaborar con las investigaciones.
El caso de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, demuestra que abandonar el Estatuto de Roma tampoco garantiza impunidad. Duterte terminó enfrentando a la justicia internacional por las muertes ocurridas durante su llamada “guerra contra las drogas”.
Para organizaciones defensoras de los derechos humanos, la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez representa un nuevo y preocupante retroceso. Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, señaló que la salida no tiene un efecto práctico inmediato sobre el expediente venezolano y recordó que Venezuela fue, precisamente, uno de los países que impulsó la creación del Estatuto de Roma.
La pregunta queda sobre la mesa: ¿por qué abandonar ahora la Corte Penal Internacional?
Para muchos venezolanos, la respuesta parece evidente. Mientras el país continúa esperando justicia por las denuncias de torturas, persecución, detenciones arbitrarias y presuntos crímenes de lesa humanidad, el interinato de Delcy Rodríguez parece apostar por cerrar puertas, romper compromisos internacionales y alejarse de cualquier mecanismo que pueda llevar a los responsables ante la justicia.
La salida de la CPI no borra las denuncias, no desaparece a las víctimas y tampoco elimina las investigaciones.
La justicia internacional, al menos por ahora, sigue mirando hacia Venezuela.
