ván Olivares es periodista nicaragüense y, como tal, tuvo que abandonar su país para evitar la cárcel o la tortura por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como otros miles de perseguidos, cruzó la frontera hacia Costa Rica el 23 de julio de 2021 y una semana después ya era solicitante de refugio, esperanzado en un estatus legal que le hiciera sentirse protegido. Sin embargo, el tiempo pasó y casi cinco años después sigue a la espera de una respuesta, al igual que decenas de miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela e incluso de Colombia. Estaba ya acostumbrado a ser “solicitante” y no “refugiado”, más aún por las posiciones restrictivas del Gobierno de Rodrigo Chaves entre 2022 y 2026, pero una puerta sorpresiva se abre ahora para él y miles de extranjeros que llegaron huyendo de sus países al hasta ahora oasis centroamericano.
Después de señales dudosas y de lamentos por la falta de recursos internos para atender la inmigración, el Gobierno ha anunciado esta semana una categoría especial para absorber a esa población a la que ha sido incapaz de dar respuesta de manera oportuna. “Son 10.480 personas aproximadamente”, respondió la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) el mismo lunes sobre la posible población beneficiaria, aunque son 318.000 las personas que esperaban una resolución al inicio de 2026.
Solo en 2025 hubo casi 29.000 nuevos solicitantes de refugio nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos, según el registro del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en este país de solo 5,2 millones de habitantes.
