La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), emitió un firme pronunciamiento a través de sus canales oficiales, dirigido al Fiscal Larry Devoe, en el que reafirmó que las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado son de su exclusiva responsabilidad.
El pronunciamiento de la ONG cobra especial relevancia ante el caso del ciudadano Víctor Quero, quien permaneció en condición de desaparición forzada durante meses antes de registrarse su fallecimiento en dependencias estatales.
Provea enfatizó que los funcionarios públicos encargados de velar por la seguridad de los detenidos no pueden quedar impunes. La organización recordó que aquellos agentes que por acciones u omisiones permitan o conduzcan al fallecimiento de los custodiados, deben responder de manera estricta ante tres instancias de la ley:
- Responsabilidad Civil: Reparaciones a las familias de las víctimas.
- Responsabilidad Administrativa: Sanciones e inhabilitaciones correspondientes.
- Responsabilidad Penal: Juicios y condenas por la violación del derecho a la vida.
La organización recordó que el Estado venezolano ha acogido formalmente los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Este marco regional establece con claridad que los Estados miembros tienen el deber irrenunciable de garantizar el respeto a la integridad, la dignidad y las garantías fundamentales de toda persona privada de libertad.
«El Estado tiene la obligación ineludible de respetar y garantizar la vida e integridad personal —tanto física como psicológica— de las personas privadas de libertad, debiendo asegurar condiciones mínimas de reclusión», concluyó la organización en su exigencia de justicia y transparencia.
