Saab deja la Fiscalía como uno de los entes de justicia más cuestionados por foros y organismos internacionales y nacionales.
Casi ocho años permaneció Tarek William Saab al frente de la Fiscalía. Esta gestión es considerada una de las etapas más oscuras debido a la violación de derechos humanos en Venezuela. Organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas y oficinas como la del Alto Comisionado publicaron informes que describen la sistemática represión en Venezuela.
La renuncia de Tarek William Saab, a pesar de ser exigida en múltiples oportunidades por defensores de derechos humanos y diversas organizaciones, se produjo el 25 de febrero de 2026, 53 días después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, donde arrestaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.
Saab comenzó su carrera como Fiscal General de la República el 5 de agosto de 2017, en una cuestionada elección realizada por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano controvertido creado por el gobierno de Nicolás Maduro para suplantar a la Asamblea Nacional opositora.
Saab, que ahora está como encargado temporalmente como Defensor del Pueblo, sale de la Fiscalía General con señalamientos como el de ser una pieza clave en el aparato represivo del Estado venezolano, encabezado por Maduro.
A continuación en Efecto Cocuyo preparamos una cronología sobre hechos importantes que dejaron los casi ocho años de Saab al frente de la Fiscalía General de la República:
Año 2017: Designación y desmantelamiento del MP
En el año 2017, marcado por un largo periodo de protestas multitudinarias contra la presidencia de Maduro, debido a la emergencia humanitaria compleja y la grave crisis económica que afectó a Venezuela, se designó a Saab como fiscal, después de la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el gobierno tras denunciar los abusos y la represión contra los manifestantes opositores. “Se rompió el hilo constitucional”, una declaración que le costó el cargo a Díaz.
Lo primero que hizo Saab al llegar al Ministerio Público fue una reestructuración completa. Organizaciones señalan que el fiscal designado por la ANC, en agosto de 2017, destituyó a varios integrantes de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del MP. Estos funcionarios se encargaban de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerzas de seguridad en el país y que anteriormente trabajaban con la fiscal Ortega Díaz.
El fiscal general también desmanteló la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, creada en 2014 por Ortega Díaz para recolectar pruebas forenses en los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad eran acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos.
Organizaciones como Human Right Watch también señalaron al Ministerio Público de haber ignorando abusos de fuerzas de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales.
Ese año también se iniciaron las investigaciones contra opositores por «traición a la patria» y «conspiración», incluyendo a figuras como los diputados Julio Borges y Freddy Guevara. También las cifras de la Fiscalía, sobre muertes en contextos de protestas, no coincidían por las registradas por organizaciones: mientras el ente reconoció 124, organizaciones reconocían más de 150 atribuidas a la represión estatal.
2018: La muerte de Fernando Albán
En 2018, la muerte del exconsejal opositor Fernando Albán en custodia del Estado puso nuevamente a Saab en el foco. El fiscal señaló que el militante de Primero Justicia, que se encontraba detenido en la sede del Sebin, se habia suicidado, una versión que fue rechazada por opositores y su abogado Joel García aseguró que la causa de muerte habia sido homicidio.
En 2021, el fiscal señaló que no se había suicidado. “En su momento se imputó el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales. Y siendo acordada dichas nulidades por el tribunal, la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación”, expresó Saab en rueda de prensa.
En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) inicia un examen preliminar sobre la comisión de presuntos crímenes contra la humanidad desde 2014, incluyendo tortura y ejecuciones, pero Saab cuestionó la investigación.
2019: Investigación contra Guaidó e informe de la Misión de Determinación de Hechos
El 29 de enero de 2019, Saab abrió una investigación preliminar contra Juan Guaidó; solicitó al TSJ la prohibición de su salida del país y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias. Esta medida fue la primera respuesta judicial de la fiscalía tras la juramentación de Guaidó como presidente encargado.
Posteriormente, el 12 de marzo de 2019, el Fiscal General anunció una nueva investigación penal contra Guaidó y lo acusó de ser el responsable intelectual del «sabotaje» al sistema eléctrico nacional. Saab vinculó directamente a Guaidó con el apagón masivo que se produjo en Venezuela en marzo de 2019 y que duró más de 96 horas.
Ese año la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela emitió un informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país, pero Saab lo descalificó.
2020: Una pandemia amordazada
Durante el año 2020, el MP utilizó el «Estado de Alarma» por la pandemia para criminalizar la difusión de información crítica. Según informes de Provea y Espacio Público, la fiscalía imputó a periodistas, médicos y ciudadanos particulares principalmente bajo los delitos de instigación al odio, boicot, difusión de información falsa y uso indebido de información privilegiada.
