La amnistía “selectiva” del chavismo busca mantener control interno, pero presión de EEUU puede ampliarla.
Para el politólogo Joaquín Ortega, desde la realpolitik es efectiva a corto plazo para lograr estabilidad, pero es muy riesgosa porque genera percepciones de impunidad. El analista político, Benigno Alarcón, advierte que el artículo 9 abre un compás muy amplio para perseguir, castigar y arrestar.
Por: Efecto Cocuyo
Sancionada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el principal señalamiento de las ONG y defensores de derechos humanos es que se trata de una normativa “excluyente” que puede afectar a alrededor de 400 presos políticos, especialmente militares.
A su vez, en el artículo 15 del instrumento legal, enviado al Parlamento por el gobierno encargado e intervenido por una comisión especial, dejó abierta una puerta a negociaciones o a una amplitud del “perdón”, al crearse un grupo de diputados, presidido por el excanciller, Jorge Arreaza, con potestad de evaluar casos y hechos no incluidos en el listado de 13 eventos del artículo 8 para decidir la amnistía.
La presión que ejerza Estados Unidos, que supervisa en el terreno al interinato de Delcy Rodriguez, señalan analistas consultados por Efecto Cocuyo, también influirá en más excarcelaciones o libertades plenas en los próximos días o semanas.
El politólogo Joaquín Ortega y el analista político, Benigno Alarcón, coinciden en que el chavismo se reserva el poder de aplicar la amnistía de manera “selectiva” para garantizar control interno, pero que también está sujeto a lo que determine el tutelaje de Washington.
Decisiones unilaterales
Uno de los primeros pronunciamientos públicos, tras la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional (AN) fue el de la ONG Foro Penal.
Su director Gonzalo Himiob advirtió que la exclusión de hechos del periodo que abarca la Ley de Amnistía entre 1999 y 2026 -el artículo 8 sólo considera 13 eventos- tiene la intención evidente de excluir situaciones y momentos que tienen que ver con actuaciones de los militares y de los familiares presos relacionados con ellos. Además de hechos, acotó, que hayan tenido que ver con la supuesta promoción de ataques contra la soberanía venezolana, entre otros.
“El oficialismo coopera en lo económico con EEUU bajo coerción, pero tratan de mantener el control político, y digamos que tienen el temor de que si ellos se ablandan en el control represivo, el tema se les vaya de las manos y no puedan controlar la situación. En la medida que no haya hitos verificables e imposiciones en lo que tiene que ver con lo represivo, tratan de mantener el control”, señaló Alarcón.
Para el fundador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la AN sancionó una “Ley de Amnistía que no es amnistía”, que ofrece un marco jurídico ambigüo, que les permite decidir de manera “unilateral” a quién se le otorga la medida y a quién no. Las consultas públicas y el haber invitado a ONG al Parlamento, añadió, fue una “simulación”, por cuanto el grueso de las propuestas no fueron tomadas en cuenta.
De los artículos 8 (lista de 13 eventos) y 9 (delitos excluidos, entre ellos apoyo a acciones armadas contra el territorio) se desprende según las ONG que casos como la Operación Gedeón de 2020 (incursión de mercenarios por costas venezolanas) no podrían ser objeto de amnistía. Tampoco habría perdón para los involucrados en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, por los cuales, advirtieron también las ONG, están privados de libertad de manera injusta y sin respeto al debido proceso numerosos civiles y militares.
Mantiene narrativa ideológica
“Adoptan un enfoque pragmático e incremental para adaptarse a presiones externas como las de EEUU, preservando el poder interno sin reconocer presos políticos, lo que mantiene su narrativa ideológica y evita admisiones de represión que debiliten su base o atraigan más demandas internacionales”, sostuvo Ortega sobre el carácter excluyente de la Ley de Amnistía.
