La justicia venezolana vuelve a quedar en el banquillo de los acusados. Tres abogados denunciaron que dos jóvenes fueron condenados a 30 años de cárcel en medio de un proceso plagado de dudas, irregularidades y sin pruebas contundentes que sostuvieran semejante sentencia. En un país destruido por el chavismo, donde la justicia parece responder más al miedo y al poder político que a las leyes, la indignación crece dentro y fuera de los tribunales.
Los defensores aseguran que la juez dictó la condena sin fundamentos jurídicos sólidos y sin evidencias probatorias suficientes. Lo más alarmante es que, según relatan, durante el juicio nunca aparecieron elementos determinantes que justificaran una pena tan brutal, equivalente a castigar a peligrosos criminales.
“Ni nosotros podemos creer que hayan condenado a estos jóvenes bajo esas condiciones”, confesaron los abogados, reflejando el estupor que hoy sacude a quienes todavía intentan ejercer el derecho en Venezuela.
La tragedia no solo golpea a dos familias. Es el reflejo de un sistema judicial devastado durante años de chavismo y que ahora, bajo el interinato de Delcy Rodríguez, sigue mostrando señales de persecución, arbitrariedad y desprecio absoluto por el debido proceso. En la Venezuela de hoy, muchos sienten que una acusación basta para sepultar una vida, aun cuando las pruebas brillen por su ausencia.
Organizaciones y medios han documentado en distintos casos denuncias sobre condenas severas y procesos cuestionados dentro del sistema judicial venezolano.
Mientras el país se hunde entre la pobreza, la migración y el colapso institucional, historias como esta dejan una pregunta aterradora flotando en el aire
¿Quién puede sentirse seguro cuando la justicia parece convertirse en un instrumento de castigo político y no de verdad?
