Diversas organizaciones civiles denunciaron este jueves que la orden de Delcy Rodríguez de dar por terminada la amnistía es una decisión despótica e ilegal. Según los activistas, el Ejecutivo carece de facultades para derogar esta norma, la cual no posee una fecha de caducidad establecida. La ONG Acceso a la Justicia subrayó que la ley sigue plenamente vigente a pesar de que el Gobierno haya resuelto ignorarla, ya que solo podría anularse mediante un nuevo instrumento del Parlamento o una sentencia del Tribunal Supremo.
Para los defensores de derechos humanos, esta maniobra representa una invasión de funciones que rompe con la división de poderes. Justicia, Encuentro y Perdón calificó el anuncio como un «asalto al Estado de derecho», advirtiendo que esta medida sumerge a los beneficiarios en la incertidumbre jurídica. Al clausurar la ley por vía de hecho, el Gobierno estaría instruyendo a los jueces para rechazar libertades bajo un argumento que no existe en la legislación venezolana, dejando a las víctimas en total indefensión.
Ratificaron que la normativa fue más una estrategia de propaganda que un esfuerzo real por liberar a los perseguidos. Mientras se sentenciaba el fin de la medida, las ONGs recordaban que aún permanecen tras las rejas 473 presos políticos. Delcy Rodríguez no aclaró los pormenores de este cierre, limitándose a decir que los casos pendientes se gestionarán a través de comisiones gubernamentales y programas de «convivencia».
La Ley de Amnistía, que pretendía abarcar eventos desde 1999, ha sido cuestionada por su diseño selectivo, ya que aunque menciona un periodo de 27 años, solo se aplica a hechos específicos ocurridos en 13 años determinados. Esta estructura deja fuera una gran cantidad de casos, incluyendo delitos comunes y militares. Hasta el momento, las cifras oficiales del chavismo defienden que se han otorgado 8,616 beneficios, aunque la gran mayoría de los favorecidos ya gozaban de libertad bajo medidas cautelares.
En conclusión, lo que nació como un supuesto mecanismo de reconciliación nacional ha terminado bajo un cierre abrupto y sin base legal.
