El chavismo ha construido, a lo largo de los años, una relación profundamente contradictoria con el uso de las motos en Venezuela. Por un lado, ha promovido la entrega de estos vehículos a colectivos y grupos de adeptos como parte de programas sociales o mecanismos de organización territorial. Pero por otro, pretende apelar a la “conciencia” ciudadana en el uso responsable de las motos, aun cuando muchos de esos mismos actores oficialistas reconocen, de forma implícita o explícita, que operan al margen de la ley.
Esta contradicción no es menor. Las motos, en manos de los llamados colectivos, no solo han servido como medio de transporte, sino también como herramienta de control social y político. En múltiples ocasiones, estos grupos han sido señalados por actuar con impunidad, sin respetar normas de tránsito, sin identificación visible e incluso participando en acciones intimidatorias. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en la necesidad de orden, responsabilidad y cumplimiento de las leyes.
En ese contexto, cualquier llamado a la “conciencia” pierde credibilidad, porque no viene acompañado de un ejemplo coherente desde quienes gobiernan o tienen influencia. Y en ese escenario, la convivencia social se deteriora, sustituida por la desconfianza, el miedo y la percepción de que la impunidad tiene dueño.
El problema se agrava cuando se observa el trato desigual hacia el ciudadano común. A diferencia de los colectivos, que muchas veces parecen operar con una suerte de permiso tácito, los ciudadanos sin afiliación política enfrentan controles estrictos, persecución y, según numerosas denuncias, abusos de poder. Entre estos abusos se incluyen acusaciones graves como la siembra de evidencias, por ejemplo, drogas, con fines de extorsión o coerción. Este tipo de prácticas, de ser ciertas, no solo vulneran derechos fundamentales, sino que erosionan completamente la confianza en las instituciones.
