La activista venezolana Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), denunció que autoridades de Venezuela impidieron el ingreso de funcionarios de la Embajada de Colombia a la cárcel El Rodeo I, tras reportes de represión contra una protesta iniciada por detenidos colombianos en ese recinto.
Durante una manifestación realizada este miércoles frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, Baduel explicó que los representantes diplomáticos acudieron el pasado jueves a la prisión para verificar la situación, pero les fue negado el acceso. Además, señaló que, hasta el momento, la embajada no ha recibido respuesta oficial sobre lo ocurrido.
“Estamos en comunicación con el embajador y ni siquiera a la Embajada le han dado respuesta. Por el contrario, lo que hacen es desmentir la situación y decir que allí está todo normal”, afirmó.
Según la activista, en El Rodeo I hay 24 detenidos extranjeros, de los cuales 20 son colombianos. Indicó también que el Clipp mantiene contacto con la Embajada de Estados Unidos y otros representantes diplomáticos para promover la creación de un “canal humanitario” que permita atender la situación de los reclusos.
La ONG informó que la protesta comenzó la semana pasada, cuando varios detenidos extranjeros reclamaron por las condiciones de reclusión, denunciando falta de saneamiento y el uso de letrinas abiertas en las celdas. De acuerdo con familiares, la manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos y pimienta, lo que habría provocado asfixia en algunos presos.
Posteriormente, se restringieron las visitas de familiares y activistas, incluyendo a Baduel, por denunciar estos hechos.
Ante esta situación, miembros del Clipp y familiares de los detenidos acudieron nuevamente este miércoles a la Fiscalía para denunciar presuntas torturas y exigir garantías de respeto a los derechos humanos de los presos políticos en el país.
La denuncia se produce en un contexto en el que organizaciones han advertido sobre condiciones precarias y vulneraciones dentro de centros de detención en Venezuela, incluyendo protestas y huelgas de hambre por parte de reclusos que exigen mejoras y revisiones de sus casos
