En el estado Portuguesa se encienden las alarmas ante una denuncia que, de confirmarse, sería profundamente grave. Mientras el gobernador Primitivo Cedeño continúa centrado en actos públicos y propaganda, trabajadores del sector salud advierten sobre una situación que podría poner en riesgo directo a la población.
Según estas denuncias, existiría presión para aplicar vacunas contra la fiebre amarilla utilizando diluyentes vencidos desde hace casi dos años. No se trata de un detalle menor ni de un simple error administrativo, hablamos de una práctica que, de ser cierta, comprometería seriamente la seguridad sanitaria de miles de personas.
Pero el panorama se torna aún más preocupante. Personal médico que se habría negado a participar en estos procedimientos por razones éticas estaría siendo objeto de amenazas e intimidación. Este tipo de señalamientos, además de exigir investigación inmediata, reflejan un entorno donde cumplir con el deber profesional podría tener consecuencias.
Venezuela no puede permanecer indiferente. Cuando la salud pública entra en juego, el silencio no es una opción. Es momento de revisar, preguntar, exigir respuestas y, sobre todo, denunciar.
La alerta está hecha. Ahora corresponde a la ciudadanía y a las autoridades responsables actuar con la seriedad que la situación amerita.
