La expansión de la minería ilegal en el sur de Venezuela, particularmente en el entorno del río Cunucunuma, ha encendido las alarmas de organizaciones ambientales e indígenas, que denuncian la presunta permisividad, e incluso participación, de actores militares en estas actividades extractivas dentro de zonas protegidas.
Ubicado en el estado Amazonas, el río Cunucunuma es un afluente clave del alto Orinoco, rodeado de ecosistemas de altísimo valor ecológico y cultural, donde habitan comunidades indígenas como los yekuanas y yanomamis . Sin embargo, este territorio, legalmente protegido, enfrenta una creciente presión minera que está transformando de forma acelerada su paisaje.
Devastación ambiental con balsas y minería a cielo abierto
De acuerdo con reportes de organizaciones socioambientales, la actividad minera en la zona ha crecido de manera sostenida en los últimos años. El uso de balsas para la extracción de oro remueve el lecho del río, altera su cauce natural y contamina las aguas, mientras que la minería a cielo abierto arrasa con los bosques ribereños, dejando extensas áreas deforestadas .
Las cifras son alarmantes: se han identificado cientos de hectáreas intervenidas por minería intensiva, además de miles de hectáreas afectadas por deforestación asociada a estas prácticas . Estas actividades no solo degradan el ambiente, sino que amenazan directamente la biodiversidad y las fuentes de agua de la región amazónica.
Zona protegida bajo amenaza
El área afectada se encuentra dentro del Parque Nacional Parima-Tapirapecó, uno de los espacios naturales más extensos y protegidos de Venezuela, además de formar parte de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. En estos territorios, la minería está expresamente prohibida por la legislación venezolana .
Pese a ello, diversas denuncias apuntan a la instalación de bases operativas mineras en la zona, con maquinaria pesada y logística constante, incluso mediante el uso de pistas aéreas y vuelos que ingresan suministros a comunidades remotas .
Señalamientos de consentimiento militar
Uno de los elementos más graves de las denuncias es el señalamiento de consentimiento o complicidad de sectores castrenses. Organizaciones como SOS Orinoco han advertido sobre la participación de efectivos militares en operaciones conjuntas con mineros ilegales, lo que facilitaría la expansión de esta economía ilícita dentro de territorios protegidos .
Además, el control del espacio aéreo y fluvial por parte de autoridades militares hace difícil explicar el flujo constante de insumos, maquinaria y personal sin algún grado de autorización o tolerancia institucional, según los reportes.
Impacto en comunidades indígenas
La minería ilegal también tiene consecuencias directas sobre los pueblos indígenas, quienes enfrentan desplazamientos, explotación laboral y enfermedades como la malaria, asociadas a estas actividades extractivas .
En muchos casos, comunidades enteras se ven obligadas a internarse más en la selva para escapar de la violencia, la contaminación y la destrucción de sus territorios ancestrales.
Un ecocidio en desarrollo
A pesar de operativos militares puntuales que han destruido campamentos o balsas en el río Cunucunuma, expertos advierten que estas acciones no han logrado frenar el avance de la minería ilegal, que continúa expandiéndose en la Amazonía venezolana .
La situación en el Cunucunuma refleja un problema estructural: la combinación de riqueza mineral, debilidad institucional y presunta connivencia de actores armados está acelerando un ecocidio en una de las regiones más biodiversas del planeta.
Mientras tanto, el Parque Nacional Parima-Tapirapecó, protegido por ley, enfrenta una amenaza creciente que pone en riesgo no solo sus ecosistemas, sino también el futuro de los pueblos que dependen de ellos.
