España pondrá fin en junio a la vía que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente. El Gobierno dejará de conceder de forma sistemática permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, cerrando así uno de los mecanismos más singulares, y menos discutidos, del asilo español. Tras años de debate interno sobre qué hacer con los venezolanos, que han llegado a copar el sistema, el Ejecutivo ha optado por devolverlos al canal ordinario que debe seguir cualquier inmigrante. La decisión se ha cristalizado en plena tramitación de la regulación extraordinaria de inmigrantes que está preparando el Gobierno tras un acuerdo alcanzado con Podemos, por la cual podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.
Fuentes gubernamentales defienden que se trata de un cambio de forma, pero no de fondo. “Las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce”, explican estas mismas fuentes. En la práctica, esta decisión no es una noticia positiva para los venezolanos que pensaban emigrar a España. Para todos ellos, los trámites se complicarán, ya que en la práctica las autorizaciones por razones humanitarias son residuales y suelen estar vinculadas a circunstancias muy concretas, como las médicas, por lo tanto, desaparece una vía privilegiada de la que gozaban dentro del sistema.
Desde que se abrió esta puerta específica en 2018, España ha concedido en torno a 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años, supusieron más del 95% —y en otros prácticamente el 100%— de todos los permisos por razones humanitarias que se concedieron. Las cifras han ido variando, pero durante años se movieron en torno a las 40.000 concesiones anuales. En 2025, el número creció hasta llegar a alcanzar las 50.000.
El funcionamiento del proceso era relativamente sencillo. Los venezolanos solicitaban asilo y entraban en el circuito de protección internacional. En lugar de recibir el estatuto de refugiado, obtenían una autorización de residencia por razones humanitarias. No era asilo en sentido estricto, pero operaba dentro de ese mismo sistema. Ese permiso tenía una duración de 12 meses, renovable por otros 12, y permitía trabajar y residir legalmente en España. En la práctica, era una salida administrativa para miles de expedientes que no encajaban en la definición clásica de refugiado, pero que tampoco podían resolverse con una devolución. Esos dos años de residencia legal abrían además la puerta a una regularización más estable y, con el tiempo, a la nacionalidad.
Esta reforma migratoria pone en evidencia una contradicción política dolorosa para quienes huyen de la crisis: mientras el Gobierno de España ha mantenido durante años una relación estrecha con el régimen de Nicolás Maduro y figuras como Delcy Rodríguez, hoy decide cerrar la válvula de escape legal para las víctimas de ese mismo sistema. Al eliminar esta vía privilegiada de residencia por razones humanitarias, Madrid parece haber agotado su cuota de «solidaridad» con el pueblo venezolano, dejando en la estacada a miles de familias que buscaban refugio en la nación que consideraban su segunda madre patria. Es, en esencia, un giro diplomático donde el pragmatismo burocrático termina dándole la espalda a una sociedad que ya ha perdido casi todo, menos la esperanza de libertad.
