El financiamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela habría sido cancelado por Delcy Rodríguez, una medida que marca un giro importante en la dinámica interna del oficialismo.
Esta decisión implicó la eliminación de recursos clave que sostenían la estructura operativa del partido, incluyendo el retiro de una flota de vehículos blindados utilizados para movilización y protección de dirigentes, la reducción o desmantelamiento de esquemas de seguridad, y la suspensión de fondos destinados a actividades políticas, actos de calle y organización territorial.
El impacto de esta medida no es menor. La falta de financiamiento compromete directamente la capacidad del PSUV para mantener su presencia en comunidades, coordinar eventos masivos y sostener su maquinaria electoral, históricamente dependiente de recursos estatales. Además, debilita la logística interna del partido, afectando tanto a sus cuadros medios como a las bases, que dependen de estos apoyos para operar.
En un contexto político ya marcado por tensiones internas y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo, esta decisión podría reflejar ajustes estratégicos dentro del poder o una reconfiguración de prioridades en medio de limitaciones económicas. En la práctica, representa una reducción significativa de la capacidad de movilización, control territorial y proyección política de la organización, lo que podría tener efectos en futuros procesos electorales y en la cohesión del chavismo como bloque político.
