La audiencia celebrada este martes 17 de noviembre en la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Palacio de Justicia de Carabobo terminó en medio de nuevas denuncias de irregularidades procesales en el caso Paramacay, que involucra al capitán Juan Carlos Caguaripano y otros 22 civiles y militares.
Por Bitácora58.com
De acuerdo con las denuncias difundidas sobre el desarrollo de la jornada, 19 de los 23 procesados, incluido Caguaripano, se negaron a conectarse por vía telemática y exigieron ser trasladados físicamente al tribunal para ejercer su derecho a estar presentes durante la audiencia.
Pese a esta negativa y a la exigencia de comparecencia presencial, el juez Carlos Alberto Bonilla decidió continuar con el procedimiento sin la presencia de los 19 involucrados. Según lo denunciado, en apenas 15 minutos se produjo la decisión condenatoria, sin que los afectados pudieran participar presencialmente en el acto judicial.
El episodio vuelve a generar cuestionamientos sobre las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la posibilidad de que los acusados sean escuchados directamente por el tribunal antes de una decisión que compromete su libertad.
El caso Paramacay se remonta al 6 de agosto de 2017, cuando ocurrió la denominada Operación David en el Fuerte Paramacay, en Valencia. Desde entonces, los procesados han permanecido sometidos a un prolongado proceso judicial que acumula más de nueve años de actuaciones y denuncias de irregularidades.
El pasado 11 de noviembre se conoció que la Sala 2 había ratificado la condena de 30 años de prisión contra Caguaripano y otros procesados, mientras que modificó las penas de algunos de los involucrados. La audiencia de este martes estaba prevista para la imposición formal de las sentencias.
Las nuevas denuncias vuelven a poner el foco sobre la actuación del sistema judicial venezolano y las garantías constitucionales de quienes enfrentan procesos penales, especialmente cuando están en juego condenas de hasta 30 años de prisión.
