Eliminación de alias «Niño Guerrero» no significa el fin de las estructuras criminales que controlan la actividad minera en el estado Bolívar. Detrás del oro venezolano persisten las denuncias sobre mafias, explotación irregular, corrupción, contaminación ambiental y ausencia de controles efectivos. Mientras tanto, la nueva Ley Orgánica de Minas genera advertencias del propio sector empresarial por los amplios márgenes de discrecionalidad que deja en manos de la administración pública.
Por Bitácora58.com
La minería en Guayana vuelve a quedar bajo cuestionamiento. En el estado Bolívar, donde la explotación del oro representa uno de los negocios más lucrativos del país, la salida de escena de figuras vinculadas al crimen organizado no necesariamente ha significado la desaparición de las redes que durante años han controlado territorios, trabajadores, rutas de extracción y comercialización del mineral.
El contraste es especialmente preocupante. Mientras se anuncian cambios legislativos y se habla de atraer inversiones internacionales para reactivar la industria minera, las irregularidades que han marcado la actividad extractiva continúan siendo un problema de fondo. La pregunta no es solamente quién controla las minas, sino quién garantiza que el oro se extraiga, procese y comercialice bajo condiciones legales, transparentes y respetuosas de los derechos humanos y del ambiente.
El operativo contra «Niño Guerrero» no desmontó las mafias
Uno de los elementos más reveladores aparece en el décimo informe del Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela, correspondiente al período mayo-agosto de 2026. El documento señala que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero», habría sido abatido el 12 de junio durante una operación militar en Las Claritas, municipio Sifontes, estado Bolívar.
Sin embargo, el mismo informe advierte que su muerte no produjo el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en la región. Por el contrario, documenta un reacomodo de los grupos armados y una concentración del poder en otros cabecillas vinculados con las economías ilegales.
Entre los nombres mencionados por el Observatorio aparecen Juancho, Fabio González, conocido como el Negro Fabio, y Ronny Matón, señalado como cabecilla del Tren de Guayana en El Callao. El documento también sostiene que Johan Petrica conserva una posición central dentro del Tren de Aragua.
La investigación plantea un señalamiento todavía más delicado: después de los operativos, los organismos de seguridad que permanecieron en la zona habrían retomado relaciones con antiguos liderazgos criminales ante la dificultad de mantener el control territorial.
En otras palabras, la neutralización de un cabecilla no acabó con el negocio. Las redes se reorganizaron y la economía del oro continuó funcionando bajo mecanismos de control criminal. Observatorio sur de Venezuela+1
Un gobierno paralelo en las minas de Bolívar
Las denuncias del Observatorio describen una estructura que va mucho más allá de la extracción ilegal de minerales. En zonas como Sifontes, Las Claritas, Kilómetro 88 y El Callao, los grupos armados organizados y los llamados sindicatos mineros ejercen funciones propias de una autoridad territorial.
Según el informe, estas organizaciones controlan el acceso a las vetas, cobran porcentajes del oro extraído, imponen reglas, intervienen en conflictos y determinan quién puede trabajar y quién debe abandonar los yacimientos.
El sistema funciona mediante cobros conocidos como gramaje y otras formas de extorsión. Los trabajadores y pequeños comerciantes quedan sometidos a pagos para poder desarrollar sus actividades, mientras las estructuras criminales administran buena parte de la economía local.
El Observatorio contabilizó 38 eventos relacionados con el control de grupos armados y sindicatos entre los 141 acontecimientos únicos analizados en Bolívar. No se trata, por tanto, de episodios aislados, sino de una dinámica de gobernanza criminal que condiciona la vida de las comunidades.
El documento también advierte sobre homicidios selectivos, restricciones al libre tránsito y la vulnerabilidad de quienes se atreven a denunciar. Observatorio sur de Venezuela+1
La minería continúa mecanizándose, pero no necesariamente formalizándose
Otro aspecto que contradice el discurso de recuperación económica es el crecimiento de las operaciones mecanizadas sin que ello implique necesariamente la llegada de empresas mineras legalmente establecidas.
El Observatorio Socioambiental analizó 141 acontecimientos en Bolívar y aseguró que ninguno documentaba la instalación de infraestructura corporativa, adjudicación formal de concesiones o inicio de operaciones de empresas mineras privadas o transnacionales.
En cambio, identificó 52 eventos relacionados con pequeña minería mecanizada, 38 vinculados al control de grupos armados y sindicatos y apenas 18 correspondientes a actuaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La utilización de maquinaria pesada, plantas de lavado, dragas, balsas y monitores hidráulicos puede dar la impresión de una industria en expansión. Sin embargo, el informe advierte que buena parte de estos equipos estaría en manos de redes informales, grupos delictivos y actores con conexiones políticas o militares.
Esto deja una interrogante fundamental sobre el destino del oro extraído y los mecanismos de fiscalización. ¿Quién verifica cuánto mineral se produce? ¿Quién controla su comercialización? ¿Qué instituciones certifican su procedencia y garantizan que los ingresos lleguen efectivamente al Estado?Observatorio sur de Venezuela+1
El costo ambiental y humano de la explotación
La problemática no termina en el control territorial ni en el dinero que genera el oro. La expansión de la minería irregular también representa una amenaza para los ecosistemas de Guayana y las comunidades que dependen de ellos.
Los informes del Observatorio advierten sobre la deforestación, la alteración de los cauces de los ríos Caroní, Cuyuní e Icabarú y la presencia de piscinas contaminadas con mercurio y cianuro.
La afectación de las cuencas hidrográficas tiene consecuencias que trascienden al estado Bolívar. El Caroní forma parte del sistema que alimenta las principales centrales hidroeléctricas del país, entre ellas Guri, Caruachi y Macagua. La sedimentación y degradación de sus cuencas representan riesgos ambientales y para la infraestructura energética.
A esto se suman las denuncias sobre explotación laboral, condiciones precarias de trabajo, violencia contra comunidades indígenas y vulneraciones de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también han advertido sobre la expansión de la minería ilegal y la presencia de estructuras armadas en territorios del sur venezolano. Entre los datos recogidos figura la pérdida de otras 300 hectáreas en el Parque Nacional Canaima durante 2024-2025 por el avance de la actividad minera ilegal. Observatorio sur de Venezuela+2
La nueva Ley de Minas: inversión para unos, incertidumbre para otros
En medio de este panorama, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó el 16 de abril de 2026 la nueva Ley Orgánica de Minas, presentada como un instrumento para atraer capital nacional e internacional y reactivar la explotación de los recursos minerales.
Pero la propia Cámara Minera de Venezuela (Camiven) acaba de advertir que el instrumento legal mantiene importantes vacíos y amplios márgenes de discrecionalidad administrativa.
Las observaciones del gremio empresarial son particularmente relevantes porque ponen en evidencia que el problema no se limita a la presencia de grupos armados. También existe una debilidad institucional que puede afectar la transparencia y la seguridad jurídica de todo el sector.
Entre las principales irregularidades y preocupaciones señaladas por Camiven destacan:
- Concesiones sin suficiente transparencia: el gremio reclama limitar la discrecionalidad administrativa y crear un catastro minero digital, georreferenciado y de acceso público que permita conocer quién tiene derechos sobre cada yacimiento.
- Trámites poco previsibles: propone un procedimiento unificado para las concesiones que no supere los 90 días hábiles.
- Presión tributaria: advierte sobre la posibilidad de acumulación excesiva de impuestos, regalías y otras cargas económicas.
- Comercialización del oro: cuestiona el derecho preferente del Banco Central de Venezuela para comprar el mineral si termina traduciéndose en ventas obligatorias con descuentos o restricciones de liquidez.
- Obstáculos a la exportación: solicita eliminar trabas discrecionales y tasas elevadas que dificulten la comercialización internacional.
- Posibles conflictos de intereses: recomienda que los ingresos provenientes de multas e infracciones sean destinados íntegramente a la Tesorería Nacional.
- Controles ambientales: plantea evitar la duplicidad de inspecciones y establecer reglas claras sobre el uso de sustancias químicas en los procesos de extracción.
Estas observaciones fueron presentadas por Camiven en su propuesta de reglamento para la nueva legislación. Infobae+2
El gran contraste: quieren inversiones, pero no han desmontado el sistema criminal
La contradicción es difícil de ignorar. Mientras el interinato de Delcy Rodríguez busca proyectar una nueva etapa de inversiones en el sector extractivo, las investigaciones independientes describen una región donde los grupos armados siguen controlando yacimientos, cobrando porcentajes del oro y condicionando la actividad económica.
Incluso Reuters, en un análisis publicado en abril de 2026 sobre las posibilidades de atraer nuevamente a las empresas internacionales, advirtió que la inseguridad, las organizaciones criminales, la presencia de grupos armados colombianos y las denuncias de complicidad de funcionarios estatales representan obstáculos importantes para la recuperación del sector. Reuters+1
La gran pregunta es cómo puede hablarse de seguridad jurídica, inversión internacional y recuperación minera cuando todavía no existe evidencia suficiente de que se haya desmontado el entramado de control territorial, extorsión y comercialización irregular que domina buena parte de los principales centros mineros.
La muerte de «Niño Guerrero», según lo documentado por el Observatorio, pudo representar un golpe contra una figura criminal, pero no acabó con las estructuras que hacen posible el negocio ilegal del oro.
Guayana necesita mucho más que operativos militares y nuevas leyes. Necesita instituciones independientes, control efectivo de los yacimientos, transparencia en las concesiones, investigaciones sobre las redes de corrupción, protección de los trabajadores y comunidades indígenas, recuperación ambiental y trazabilidad de cada gramo de oro que sale del país.
Mientras las mafias continúen controlando territorios y la institucionalidad no garantice el cumplimiento de la ley, el cambio de un cabecilla no significará el fin del negocio criminal.
En las minas de Bolívar pudieron eliminar al Niño Guerrero, pero el sistema que permitió el control de las mafias sigue respirando. Y mientras ese sistema permanezca intacto, el oro de Guayana continuará siendo una riqueza para unos pocos y una tragedia para miles de venezolanos.
