El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exigió este viernes 13 de noviembre la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017, y manifestó su rechazo al proyecto de reforma parcial que actualmente se encuentra en consulta pública en la Asamblea Nacional (AN).
Durante una rueda de prensa, el presidente del CNP, Tinedo Guía, sostuvo que la normativa no admite modificaciones, al considerar que vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución venezolana, particularmente las libertades de expresión, opinión e información.
Guía advirtió que la propuesta legislativa representa una «mutación del castigo», debido a que, aunque contempla eliminar las penas privativas de libertad, mantiene disposiciones que, a juicio del gremio, permiten criminalizar el ejercicio periodístico y la crítica ciudadana.
En ese sentido, cuestionó la permanencia de conceptos jurídicos amplios y discrecionales, como «zozobra», «angustia» y «hostigamiento», que podrían utilizarse para sancionar expresiones críticas.
El CNP también rechazó que las penas de prisión sean sustituidas por multas desproporcionadas, bloqueos de portales digitales, retiro inmediato de contenidos y cierres o revocatorias de concesiones a medios de comunicación.
Según la organización, estas medidas no eliminan los mecanismos de censura, sino que los trasladan al ámbito administrativo y económico, comprometiendo la sostenibilidad de los medios independientes.
Por su parte, Delvalle Canelón, secretaria general del CNP, solicitó a la Asamblea Nacional derogar completamente la legislación y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar su nulidad por considerar que contradice los derechos humanos.
«Exigimos la libertad plena para todos los ciudadanos y periodistas privados de libertad por el ejercicio de sus derechos, así como el sobreseimiento de las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales derivados de esta ley», expresó Canelón.
El gremio reiteró que su posición no contempla una reforma parcial, sino la eliminación definitiva del instrumento legal.
