La escasez de trabajadores retrasa la construcción de viviendas, pone en riesgo a pequeñas empresas y evidencia la dependencia de sectores clave de la economía estadounidense de la mano de obra inmigrante.
Bitácora58.com
Las redadas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump están generando consecuencias económicas en Estados Unidos, especialmente en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante, como la construcción, la producción de alimentos, los restaurantes y los servicios sanitarios.
Uno de los ejemplos más visibles se registra en McAllen, Texas, donde el constructor de viviendas Mario Guerrero advierte que la ofensiva migratoria está dificultando la actividad de las empresas y retrasando la entrega de inmuebles.
Guerrero, presidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas y votante de Trump en tres elecciones, viajó a Washington a principios de año para solicitar a funcionarios federales que atendieran las consecuencias de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las obras de construcción. Sin embargo, regresó sin obtener respuestas que resolvieran sus preocupaciones.
Durante las reuniones, según relató el empresario, funcionarios del ICE le comunicaron que las operaciones alcanzarían a personas de distintos orígenes étnicos. La respuesta lo llevó a cuestionar los criterios utilizados por las autoridades para identificar a quienes consideran sospechosos.
Viviendas más costosas y empresas en riesgo
La falta de trabajadores está pasando factura al sector de la construcción. Según Guerrero, terminar una vivienda básica destinada a compradores primerizos puede tomar ahora el doble de tiempo debido a la escasez de personal, tanto inmigrante como nacido en Estados Unidos.
El retraso representa un problema financiero para las pequeñas constructoras familiares, que deben cubrir los préstamos utilizados para levantar las viviendas dentro de plazos que suelen rondar un año. Si los proyectos se prolongan, las empresas pueden enfrentar dificultades para pagar sus obligaciones y mantener sus operaciones.
El impacto ya se ha extendido a otros negocios de la zona. Una empresa de concreto de McAllen se declaró en bancarrota y señaló las redadas migratorias como una de las causas de su situación, según el reportaje publicado por El País.
La preocupación de los empresarios es que estos problemas no se limiten a una localidad, sino que se conviertan en una cadena de dificultades financieras que afecte a proveedores, contratistas, compradores y trabajadores.
La economía depende de los inmigrantes
La construcción no es el único sector afectado. La producción de alimentos, la hostelería y la atención sanitaria también dependen de una importante proporción de trabajadores extranjeros.
Un análisis de datos censales citado en el reportaje concluyó que, en 2020, el 43 % de los trabajadores de primera línea de la industria alimentaria estadounidense eran inmigrantes. Muchos de ellos desempeñaban sus labores en condados que respaldaron electoralmente a Trump.
Esta realidad pone de manifiesto una contradicción en la política migratoria de la Casa Blanca: mientras el Gobierno busca intensificar las deportaciones, numerosas empresas necesitan trabajadores extranjeros para mantener sus operaciones.
Los efectos podrían llegar hasta los consumidores, mediante retrasos en la construcción, dificultades para abastecer determinados mercados y aumentos en los costos de producción que eventualmente se trasladen a los precios.
Empresarios cuestionan la política migratoria
Aunque parte del sector empresarial respaldó a Trump por sus propuestas de reducción de impuestos y desregulación, algunos representantes de las compañías han advertido sobre los riesgos de una deportación masiva para la actividad económica.
Durante años, la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha defendido reformas que permitan a determinados trabajadores indocumentados con larga trayectoria en el país acceder a una residencia legal permanente. Organizaciones empresariales también han reclamado más visas para cubrir puestos esenciales que no logran ocupar con suficiente personal local.
Sin embargo, la Administración Trump ha mantenido su ofensiva migratoria, al tiempo que ha mostrado mayor disposición hacia los programas de contratación temporal de extranjeros.
El propio club Mar-a-Lago, propiedad de Trump, figura entre los empleadores que han recibido autorizaciones para contratar trabajadores extranjeros mediante visas temporales H-2B. De acuerdo con los registros citados por El País, el Departamento de Trabajo aprobó una solicitud para 175 trabajadores temporales de temporada destinados al establecimiento en Florida.
En 2025, ante las quejas empresariales por el aumento de las redadas en los centros de trabajo, Trump llegó a plantear que los empleadores pudieran hacerse cargo de trabajadores indocumentados detenidos. No obstante, aclaró que esa posibilidad no les otorgaría la ciudadanía estadounidense.
La diferencia entre la necesidad de mano de obra y la política de deportaciones mantiene abierto un debate sobre el futuro del mercado laboral estadounidense.
Mientras las autoridades endurecen los controles migratorios, empresarios como Mario Guerrero advierten que la escasez de trabajadores puede convertirse en un problema económico de mayor alcance. La construcción de viviendas y otras actividades esenciales muestran así una de las principales contradicciones de la estrategia migratoria de Trump: expulsar trabajadores puede afectar también a las empresas y a los consumidores del país.
