Las familias acusan a autoridades del Circuito Judicial Penal de obstaculizar la decisión sobre la nulidad del juicio y advierten que el traslado del recurso a otra sala prolonga la incertidumbre sobre la situación jurídica de los detenidos.
Los familiares de los 23 ciudadanos procesados por el caso Paramacay denunciaron lo que califican como un patrón de manipulación sistemática dentro del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, al considerar que una serie de actuaciones judiciales ha impedido que se resuelva el recurso de nulidad contra el juicio que culminó con severas condenas para los acusados.
Las denuncias apuntan directamente al presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, Carlos Alberto Bonilla Álvarez, y a la jueza Scarlet Desireé Mérida García, a quienes las familias señalan de presuntamente contribuir a las demoras que mantienen a sus seres queridos en una prolongada situación de incertidumbre jurídica.
Según las denuncias presentadas por los familiares y representantes legales, la falta de una decisión oportuna ha prolongado el proceso y mantiene a los procesados en condiciones que consideran de indefensión.
Ausencias y falta de quórum retrasan la decisión
La Sala 1 de Apelaciones del Palacio de Justicia de Valencia tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de nulidad total del juicio impulsado anteriormente por el juez Luis Ovalles, en el que se dictó una condena de 30 años de prisión contra el capitán Juan Carlos Caguaripano y otros implicados, el 18 de diciembre de 2025.
De acuerdo con las denuncias, cuando correspondía formalizar la resolución sobre la nulidad, la jueza Karly Mérida se habría ausentado alegando motivos médicos, situación que dejó a la sala sin el quórum necesario para adoptar la decisión.
Un episodio similar se habría registrado el pasado 26 de agosto, cuando la Sala 1 celebró una audiencia y anunció un plazo de diez días de despacho para pronunciarse. Sin embargo, una vez vencido ese lapso, la jueza Scarlet Desireé Mérida García solicitó reposo médico y la instancia volvió a quedar sin quórum.
Estas circunstancias han generado cuestionamientos entre los familiares y defensores, quienes exigen explicaciones sobre las reiteradas interrupciones y reclaman que se garantice el derecho de los procesados a obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.
Trasladan el recurso a otra sala y vuelve a comenzar el trámite
El coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, denunció el viernes 16 de octubre que la ponencia fue retirada de la Sala 1 y trasladada a la Sala 2 del mismo circuito judicial, bajo la presidencia del propio Carlos Bonilla.
Según Betancourt, esta decisión obliga a reiniciar el trámite, prolongando aún más la espera de los procesados y sus familiares.
Ante esta situación, la defensa consignó un escrito dirigido a Bonilla y a los demás integrantes de la Sala 2, en el que solicitó que esa instancia se abstenga de conocer la causa por considerar que el traslado no se ajustaría a la legalidad. También exigió que se expliquen las razones por las cuales el recurso fue retirado de la Sala 1.
«Esto definitivamente es inconstitucional e ilegal», sostuvo Betancourt al cuestionar la reasignación de la ponencia. El abogado también criticó que se retirara el expediente a una sala para transferirlo a otra sin que, a su juicio, existieran razones legales suficientes, y afirmó que el caso refleja problemas en el funcionamiento de la administración de justicia en Carabobo.
El representante de Foro Penal informó además que su despacho presentó reclamos ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Inspectoría General de Tribunales, sin que, según indicó, hayan recibido respuesta a las denuncias formuladas.
Un caso que se remonta a 2017
El caso Paramacay se originó el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas, encabezado por el entonces capitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott, participó en el asalto al Fuerte Paramacay, ubicado en Valencia, estado Carabobo.
La operación, identificada como «Operación David», tenía como objetivo sustraer armamento militar para impulsar una acción de resistencia contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El hecho dejó dos personas muertas y varios heridos. Caguaripano y el capitán Yuaris Rengifo fueron capturados posteriormente en Caracas.
Los acusados enfrentaron cargos relacionados con traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela.
Años después de los acontecimientos, el proceso continúa generando controversia por las condenas impuestas y por las dificultades para obtener una decisión sobre el recurso de nulidad.
Las familias exigen respuestas
Los familiares de los 23 procesados reclaman transparencia, respeto al debido proceso y una decisión judicial que permita esclarecer la legalidad de las actuaciones cuestionadas.
El centro de la controversia ya no se limita únicamente a las condenas dictadas, sino que abarca también el manejo del recurso de nulidad, las reiteradas dificultades para conformar el quórum y la reasignación del expediente a una nueva sala.
Mientras las denuncias esperan una respuesta institucional, los familiares insisten en que la administración de justicia debe ofrecer explicaciones claras y garantizar que las decisiones se adopten conforme a la Constitución y las leyes.
La exigencia de fondo es que el caso Paramacay deje de permanecer atrapado en las dilaciones denunciadas y que los procesados reciban una respuesta judicial efectiva, sin obstáculos que comprometan su derecho a la defensa y al debido proceso.
