La intención de ocupar el inmueble del coronel Ulises Hernández Rojas genera preocupación por las garantías del derecho a la propiedad y el debido proceso. El militar fue detenido el 24 de enero de 2026 y vinculado al denominado caso Azul Celeste.
Redacción BITÁCORA58.COM
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) pretendería ocupar la vivienda del coronel Ulises Hernández Rojas, quien fue detenido el pasado 24 de enero en el estacionamiento de su edificio por tres civiles armados y posteriormente vinculado al caso Azul Celeste, según la información difundida por el medio venezolano TalCual.
La situación plantea interrogantes sobre la legalidad de las actuaciones que se estarían llevando a cabo contra los bienes del oficial, especialmente si la intención de ocupar el inmueble no cuenta con una orden judicial debidamente fundamentada.
El coronel estuvo 15 días en desaparición forzada. En ese tiempo, según le ha contado a familiares, estuvo recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta hasta que lo trasladaron al Internado Judicial El Rodeo I. «Supimos que estaba allá porque información de otras personas que habían estado con él en Boleíta y habían salido de allí. Él ni siquiera sabía porque estaba detenido allí, todavía no sabe por qué lo acusan con esa causa porque no conoce a ninguno de los funcionarios que están acusados», señaló Hernández.
Insistió en que este caso, como han denunciado otros familiares de los detenidos por Azul Celeste, a quienes se les acusa de entregar información a EEUU que derivó en la captura de Nicolás Maduro, ha estado plagado de irregularidades. El coronel fue presentado el 9 de febrero a tribunales, pero en el acta depositada en el expediente se asentó que dicha audiencia se hizo el 26 de enero «para decir que fue legal».
La audiencia preliminar fue fijada para marzo, pero ha sido diferida en más de 19 oportunidades. El jueves 15 de octubre se logró juramentar a defensores privados y revisar el expediente. Alida afirmó que «no tiene absolutamente nada para poder detener a esas personas».
Los ocho acusados, dijo Hernández Rojas, ya estaban conectados de forma telemática con el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, a cargo de Carlos Liendo, cuando el juez recibió una llamada del Tribunal Supremo de Justicia para informarle que su jurisdicción había sido eliminada. «La suspendieron y ahora hay que esperar a que se distribuya nuevamente el expediente para la audiencia preliminar».
Alida Hernández también es víctima de la persecución en contra de su hermano. Luego de la detención arbitraria «ellos me sacaron (del apartamento), yo quedé en la calle. Yo tuve que salir del país porque ellos amenazaron a mi hermano con hacerme daño. Le dijeron que me iban a meter presa, que me iban a violar, que me iban a matar. Un montón de psicoterror y por eso tuve que irme».
