Familias de la parroquia 3 de Febrero, en el municipio La Ceiba, exigieron una investigación científica sobre los casos de intoxicación que afectan a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fabricio Ojeda. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de varios representantes que protestaban para exigir respuestas.
La preocupación y la indignación crecen en la parroquia 3 de Febrero, municipio La Ceiba del estado Trujillo, tras nuevas denuncias de intoxicación entre estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fabricio Ojeda. La situación provocó protestas de representantes que exigen esclarecer las causas de los episodios y garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Como medida de presión, varios padres y representantes cerraron el portón de acceso al plantel para reclamar respuestas de las autoridades y exigir una investigación técnica y científica que permita determinar qué está provocando las intoxicaciones.
Sin embargo, los reclamos también derivaron en denuncias de detenciones por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El Comité Oswaldo Arenas por los Derechos Humanos alertó la noche del miércoles 14 de octubre, a través de su cuenta en la red social X, sobre la detención de tres representantes que participaban en las protestas.
«Exigimos su inmediata libertad e investigación de los hechos», expresó la organización en su denuncia, publicada el 15 de octubre.
Otras versiones difundidas desde la comunidad señalaron que el número de representantes detenidos podría ascender a cinco. También denunciaron la presunta retención de la directora de la institución, una representante y dos enfermeras. Estas informaciones no han sido confirmadas de manera independiente.
Exigen respuestas ante las intoxicaciones
Las familias reclaman que se esclarezca el origen de las intoxicaciones y se determinen las condiciones que están poniendo en riesgo la salud de estudiantes y trabajadores de la institución.
Hasta el momento, la información suministrada no precisa qué sustancia habría provocado los episodios ni ofrece resultados de análisis médicos o ambientales que permitan establecer sus causas.
La comunidad exige que las autoridades competentes realicen evaluaciones científicas, informen sobre los resultados y adopten medidas para evitar nuevos casos.
A la preocupación por la salud de los alumnos y docentes se suma ahora la denuncia de detenciones durante las protestas. Los familiares reclaman respuestas y garantías para quienes exigen condiciones seguras en las aulas.
La prioridad debe ser esclarecer las causas de las intoxicaciones, proteger a los estudiantes y docentes y garantizar que las denuncias de las familias sean atendidas sin represalias.
