Venezuela envía ingenieros a Panamá para evaluar los daños de un terremoto, mientras los damnificados de La Guaira siguen esperando respuestas.
Redacción Bitácora58.com
Resulta difícil no cuestionar las prioridades del régimen venezolano ante la decisión de enviar una delegación de ingenieros especializados a Panamá para brindar asistencia técnica tras el terremoto de magnitud 7,7 que afectó a ese país. La solidaridad internacional es un principio loable y necesario, pero pierde credibilidad cuando quienes la ofrecen parecen olvidar las necesidades urgentes de su propia población.
Según la información difundida por las autoridades venezolanas, la misión está encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, junto al ingeniero Francisco Garcés y un equipo de especialistas encargados de evaluar los daños en infraestructuras y viviendas panameñas. Se trata de una iniciativa de cooperación que, en circunstancias normales, merecería reconocimiento. Sin embargo, la pregunta inevitable es, ¿por qué existe disposición para atender las emergencias de otros países mientras los damnificados venezolanos continúan esperando soluciones?
En La Guaira, muchas familias afectadas por las tragedias y las emergencias que han golpeado a la región siguen necesitando respuestas concretas, viviendas dignas, atención oportuna y garantías para reconstruir sus vidas. Para quienes han perdido sus hogares o permanecen en condiciones de vulnerabilidad, los anuncios oficiales y los gestos diplomáticos no sustituyen un techo seguro, ni devuelven la tranquilidad que solo puede ofrecer una respuesta institucional efectiva.
No se trata de cuestionar la ayuda que Venezuela pueda brindar a Panamá. El pueblo panameño merece toda la solidaridad posible ante los daños sufridos. Lo que debe cuestionarse es la contradicción entre la imagen de cooperación internacional que proyectan las autoridades y las necesidades pendientes de los ciudadanos venezolanos que esperan ser atendidos por su propio Estado.
La solidaridad no debería convertirse en una vitrina política ni en un recurso para proyectar una imagen de eficiencia y compromiso ante la comunidad internacional. Debe comenzar por el respeto a la dignidad humana, sin distinciones entre quienes viven dentro o fuera de las fronteras nacionales. Un gobierno que ofrece conocimientos técnicos y recursos humanos para evaluar los daños ajenos también debe rendir cuentas sobre las medidas adoptadas para proteger a sus propios ciudadanos.
La mayor falta de consideración hacia una población vulnerable es hacerla sentir invisible mientras se exhibe capacidad de respuesta ante los demás. Para las familias damnificadas de La Guaira, observar cómo se organiza una misión especializada para atender una emergencia en el extranjero, mientras ellas siguen reclamando soluciones, puede convertirse en una dolorosa muestra de abandono institucional.
La pregunta no es si Venezuela debe ayudar a Panamá. La pregunta es por qué esa voluntad de actuar no se traduce también en respuestas suficientes, oportunas y verificables para los venezolanos que lo necesitan.
La cooperación internacional es valiosa, pero no puede servir para ocultar las deudas sociales pendientes. La verdadera solidaridad comienza en casa, con políticas públicas transparentes, recursos bien administrados y atención prioritaria a quienes han perdido sus viviendas y su estabilidad.
Antes de pretender dar lecciones de solidaridad al mundo, las autoridades venezolanas deben demostrar que también son capaces de escuchar, proteger y responder a las necesidades de su propio pueblo. Porque ninguna misión internacional puede justificar que los damnificados de La Guaira continúen esperando la atención que merecen.
La solidaridad que se pregona afuera y se niega en casa.
