Continúan las denuncias contra funcionarios policiales por presuntos abusos de poder en el estado Yaracuy. En esta oportunidad, se señala a funcionarios del SEPRAMY por abuso de autoridad y un allanamiento que habría sido realizado de manera irregular, hechos que deben ser investigados por las autoridades competentes.
Redacción Bitacora58.com
Los ciudadanos no pueden seguir viviendo bajo el temor de que quienes tienen la responsabilidad de protegerlos puedan actuar al margen de la ley. Ningún funcionario público está por encima de la Constitución ni tiene derecho a vulnerar las garantías fundamentales de la población.
¿Hasta cuándo se permitirán estos presuntos abusos de poder sin que se establezcan responsabilidades?
La actuación de los cuerpos de seguridad debe estar apegada estrictamente al ordenamiento jurídico venezolano. Todo allanamiento debe cumplir con los requisitos legales correspondientes, y cualquier posible irregularidad debe ser investigada para determinar si se cometieron violaciones de derechos.
Resulta preocupante que se acumulen señalamientos de esta naturaleza mientras la ciudadanía exige respuestas, transparencia y justicia. La denuncia pública es un mecanismo legítimo para exigir que las autoridades competentes investiguen los hechos, esclarezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades individuales que correspondan.
Continúan los policías de Diosdado Cabello haciendo lo que les da la gana impunemente, es el reclamo que expresa la indignación ante estos señalamientos. La ciudadanía merece explicaciones y tiene derecho a exigir que los funcionarios públicos respondan por sus actuaciones.
En Yaracuy, como en el resto de Venezuela, el uniforme no puede ser sinónimo de impunidad. La autoridad debe ejercerse con responsabilidad, dentro de la ley y en respeto a la dignidad de cada ciudadano.
La ley debe ser igual para todos. Ningún abuso de autoridad debe quedar sin investigar y ninguna denuncia ciudadana debe ser ignorada.
