Fuertes señalamientos de presuntas irregularidades administrativas y manejo discrecional de permisos mantienen bajo cuestionamiento la gestión del general (B) Msc. Hermes Pitágoras Prado Díaz, conocido en algunos sectores como “La Caraota Negra”, según denuncias que circulan en la zona sur del estado Anzoátegui.
De acuerdo con los señalamientos recibidos, al inicio de su gestión habría sido incorporado como consultor jurídico Eduardo Fernández, exfuncionario del cuerpo de Bomberos y persona de confianza de Prado Díaz. Desde esa posición, Fernández habría concentrado buena parte de los trámites relacionados con permisos, inspecciones y actividades vinculadas al sector bomberil en El Tigre y Anaco.
Las denuncias apuntan a que determinados permisos estarían siendo aprobados sin las inspecciones correspondientes y posteriormente asignados a inspectores considerados cercanos a la estructura de poder. Estas prácticas representarían una grave vulneración de los procedimientos administrativos y de los controles destinados a garantizar transparencia e igualdad para los ciudadanos y comerciantes.
Los denunciantes también cuestionan el supuesto manejo de intereses económicos alrededor de estos trámites y solicitan que se determine si existieron beneficios particulares, cobros irregulares o cualquier otra forma de aprovechamiento de los cargos públicos.
El señalamiento más reciente apunta a un supuesto intento de trasladar desde Caracas a una persona para asumir responsabilidades dentro de la estructura bomberil de la zona. Los denunciantes consideran que esta decisión podría estar relacionada con el control de los permisos, la recaudación y una cartera de usuarios vinculada a la gestión anteriormente atribuida a Fernández.
Ante la gravedad de estas acusaciones, corresponde a las autoridades competentes abrir una investigación formal, revisar los expedientes de permisos e inspecciones y determinar si los procedimientos aplicados durante la gestión de Prado Díaz se ajustaron a la normativa vigente.
Mientras tanto, trabajadores y sectores vinculados a los Bomberos reclaman que cualquier designación se haga respetando la experiencia, jerarquía y trayectoria del personal de la región, evitando decisiones que puedan ser percibidas como imposiciones externas o mecanismos para mantener controles particulares sobre los procesos administrativos.
¿Quién controla realmente los permisos y recursos derivados de estas gestiones y qué mecanismos de auditoría existen para garantizar que sean manejados con transparencia?
Las respuestas deberían estar en los documentos, los expedientes y una investigación independiente que permita establecer responsabilidades, pero en Venezuela sabemos que mientras siga el chavismo, ¡NO EXISTE JUSTICIA!
