La ONU señala continuidad de funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos en el gobierno interino venezolano.
Por bitacora58.com
Un documento de la Misión Internacional e Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela advierte que al menos 12 funcionarios que permanecen en el poder fueron identificados previamente por ese organismo en relación con violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La estructura de poder en Venezuela cambió después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina. Sin embargo, de acuerdo con un documento de la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, parte de los funcionarios vinculados anteriormente a organismos señalados por hechos represivos permanecieron dentro de las principales estructuras del Estado.
La Misión señala que 12 funcionarios que continúan ocupando cargos públicos ya habían sido identificados en informes anteriores como personas responsables de “cometer, ordenar, facilitar o contribuir” a violaciones de derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad. El documento sostiene que algunos conservaron sus posiciones mientras otros pasaron a ocupar nuevas responsabilidades.
Entre los nombres mencionados aparece Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. También figura Gustavo Enrique González, quien asumió el Ministerio de Defensa en marzo después de haber dirigido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN.
La relación incluye además a José Miguel Domínguez, conocido como “Miguelito”, director de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana; Vladimir Padrino López, ahora ministro de Agricultura después de haber ocupado durante años la cartera de Defensa; y Ronny Fernando González, comisario general del SEBIN.
También aparecen Carlos Leal, ministro de Alimentación; Carmen Teresa Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador y antigua ministra de Defensa y de Relaciones Interiores; Cruz Torrealba, alcaldesa de Aragua; y Alexander Granko, quien continúa en posiciones de alto nivel dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La lista se completa con Fabio Enrique Zavarse, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; Iván Rafael Hernández, vinculado a la dirección de la principal empresa estatal de comunicaciones; y Tarek William Saab, antiguo fiscal general de Venezuela.
Delcy Rodríguez también aparece mencionada
El documento establece una segunda categoría que incluye a otros seis funcionarios que ocuparon posiciones de alta responsabilidad antes del 3 de enero en instituciones que la Misión ha señalado como vinculadas a la represión y que continúan en las estructuras superiores del poder.
Entre ellos aparece la propia Delcy Rodríguez. Según la información citada por EFE, la Misión recuerda su anterior responsabilidad como vicepresidenta y su relación con las actividades del SEBIN durante el período previo a 2021.
También son mencionados Jorge Rodríguez, quien continúa al frente de la Asamblea Nacional; Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN; y Julio José García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario.
Una advertencia sobre la continuidad del aparato estatal
La relevancia del documento no está únicamente en los nombres, sino en la continuidad de funcionarios procedentes de estructuras señaladas anteriormente por organismos internacionales de derechos humanos.
La Misión presenta la permanencia o reubicación de estos funcionarios como un elemento para analizar la continuidad de determinadas estructuras estatales después del cambio ocurrido el 3 de enero.
El señalamiento de Naciones Unidas se refiere a conclusiones y atribuciones realizadas en informes anteriores de la propia Misión. No equivale, por sí mismo, a una condena penal individual dictada por un tribunal, por lo que las responsabilidades deben entenderse dentro del marco de las investigaciones y determinaciones documentadas por el organismo internacional.
El informe vuelve así a colocar en el centro del debate venezolano una interrogante sobre el alcance real de los cambios ocurridos en el poder: qué tan profunda fue la transformación del Estado si figuras vinculadas anteriormente por Naciones Unidas con graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando posiciones de influencia.
