Lara.- La alarma vuelve a encenderse en el estado Lara. En el sector El Pajonal, municipio Morán, comunidades denuncian una situación que podría poner en peligro uno de los recursos más valiosos y necesarios para la población, el agua.
Por bitacora58.com
La preocupación se concentra en terrenos ubicados cerca de la cuenca alta de la región, una zona de especial importancia ambiental sometida a protección legal para preservar sus ecosistemas y garantizar el uso responsable de los recursos naturales.
De acuerdo con las denuncias realizadas durante una inspección en la zona, un grupo que se identificaría como «La posesión Escalona» estaría ocupando terrenos para actividades agrícolas. Los señalamientos apuntan a tala, quema de vegetación y utilización de productos químicos que podrían terminar llegando a cursos de agua que alimentan el embalse Dos Ríos, señalado como una fuente fundamental para el abastecimiento de agua potable en Lara.
La situación resulta todavía más preocupante en un estado que enfrenta temperaturas elevadas, sequía y constantes dificultades con los servicios públicos. Cada daño ocasionado a las cuencas representa una amenaza que puede terminar pagando la población con menos agua y mayor deterioro ambiental.
Las denuncias también señalan presuntos vínculos y respaldo político alrededor de estas actividades. En particular, se menciona a la diputada Flor Escalona, presidenta de la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo del estado Lara, y a la diputada Juana Comenares, presidenta del Consejo Legislativo regional. Estos señalamientos deben ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes.
Quienes realizaron la inspección sostienen además que las actividades denunciadas constituirían un delito continuado y una presunta violación de medidas cautelares establecidas en una sentencia firme del 17 de junio de 2024, identificada con el expediente CJ 01 B 2022 005 02.
El drama ambiental de Lara no puede seguir escondiéndose detrás de discursos oficiales. Mientras las comunidades enfrentan dificultades para conseguir agua y soportan el deterioro de los servicios básicos, permitir que zonas estratégicas sean afectadas significa poner en juego el futuro de miles de familias.
La protección de las cuencas no puede convertirse en una bandera política utilizada únicamente durante los discursos. Se necesitan investigaciones, acciones concretas y responsables que respondan ante la ley cuando existan daños contra el patrimonio natural.
El agua de Lara pertenece a todos. Contaminar sus fuentes, destruir sus bosques y poner en riesgo sus cuencas significa amenazar directamente la vida de las comunidades.
Ante estas denuncias, la exigencia ciudadana es clara. La zona debe ser protegida, los hechos deben investigarse y cualquier persona que resulte responsable debe responder ante la justicia.
Lara no puede quedarse sin agua mientras quienes tienen el deber de proteger sus recursos miran hacia otro lado.
