Dirigentes de la Colalisión Sindical, denunciaron un presunto caso de persecución y amedrentamiento en el municipio Chacao, señalando directamente a funcionarios vinculados con la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía de Chacao.
Por bitacora58.com
De acuerdo con la denuncia difundida públicamente, el alcalde Gustavo Duque estaría siendo señalado por mantener una actuación subordinada a las decisiones del régimen de Delcy Rodríguez, mientras que la funcionaria Itamira Arestigueta, identificada como asistente de la Dirección de Seguridad Ciudadana y directora jefe de PoliChacao, habría sido utilizada para fotografiar, vigilar y acosar a los dirigentes sindicales José Patines y Carlos Salazar.
Los denunciantes consideran especialmente grave que una funcionaria de seguridad municipal presuntamente esté involucrada en acciones de seguimiento contra representantes sindicales, al considerar que ello podría constituir un mecanismo de intimidación dirigido a limitar sus actividades y el ejercicio de sus derechos laborales y ciudadanos.
La denuncia también cuestiona el uso de un teléfono móvil de alta gama que, según los señalamientos, habría sido empleado para fotografiar y seguir a los dirigentes sindicales. Los denunciantes plantean interrogantes sobre el origen y adquisición del equipo y reclaman que se determine si fue comprado con recursos públicos, personales o institucionales.
No obstante, la sola posesión de un teléfono de alta gama no constituye por sí misma una prueba de enriquecimiento irregular o de una incongruencia patrimonial. Por ello, cualquier señalamiento sobre patrimonio, origen de recursos o uso de bienes públicos debe ser esclarecido mediante una investigación formal y con las debidas garantías.
Ante estas acusaciones, los denunciantes exigieron a Visipol, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y a la Alcaldía de Chacao abrir una investigación para determinar si efectivamente existieron labores de seguimiento, intimidación o persecución contra los dirigentes sindicales y si funcionarios municipales utilizaron recursos o equipos institucionales para tales fines.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de los cuerpos de seguridad municipales y el respeto a la actividad sindical. La exigencia planteada es concreta: esclarecer quién ordenó las presuntas acciones de seguimiento, cuál fue su propósito y bajo qué autoridad se realizaron.
Mientras no exista una investigación oficial que establezca responsabilidades, las acusaciones permanecen como denuncias que deben ser verificadas. Sin embargo, por la naturaleza de los señalamientos, los denunciantes sostienen que no pueden ser ignoradas y reclaman transparencia, rendición de cuentas y garantías para el libre ejercicio de la actividad sindical.
